Ranking
Uruguay cayó al segundo lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción.
Nuestro país perdió tres puntos respecto al año anterior y fue superado por Canadá en el ranking de Transparencia Internacional, aunque se mantiene entre las naciones mejor posicionadas de América.
Uruguay retrocedió al segundo puesto en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, organización global que evalúa la percepción de corrupción en el sector público de 182 países y territorios.
El informe le asignó 73 puntos sobre 100, lo que implica una caída de tres unidades en comparación con la medición anterior.
El primer lugar en el continente americano fue ocupado por Canadá, con 75 puntos, mientras que Barbados completó el podio regional con 68. Pese al descenso, Uruguay continúa figurando entre los países con menor percepción de corrupción en América Latina, consolidando una posición que históricamente lo ha distinguido dentro del contexto regional.
A nivel mundial, el ranking sigue encabezado por Dinamarca, Finlandia y Singapur, que mantienen los estándares más altos en materia de transparencia institucional y calidad del sector público. En el extremo opuesto se ubican Sudán del Sur, Somalia y Venezuela, con puntuaciones extremadamente bajas que reflejan graves debilidades estructurales en sus sistemas de gobernanza.
En el caso específico de las Américas, el informe expone marcados contrastes. Mientras algunos países sostienen indicadores relativamente sólidos, otros enfrentan niveles críticos de percepción de corrupción. Venezuela, con 10 puntos, Nicaragua con 14 y Haití con 16 figuran entre los peores posicionados del continente.
Transparencia Internacional advierte que, si bien el IPC no mide hechos concretos de corrupción sino percepciones de expertos y empresarios sobre la integridad de las instituciones públicas, el índice es considerado un parámetro de referencia internacional para evaluar la transparencia estatal, la fortaleza de los mecanismos de control y la confianza en la gestión pública.
El retroceso de Uruguay se enmarca en un escenario regional caracterizado por el estancamiento en la lucha anticorrupción. Según el organismo, varias democracias consolidadas han mostrado dificultades para avanzar de forma sostenida en sus políticas de prevención y control, lo que genera debate sobre la eficacia de las estrategias vigentes y la necesidad de profundizar reformas que fortalezcan la rendición de cuentas, la independencia judicial y los sistemas de contralor.
Aunque el país mantiene un desempeño destacado en comparación con la mayoría de sus vecinos, la baja registrada reabre la discusión sobre los desafíos pendientes en materia de transparencia y calidad institucional, en un contexto donde la percepción ciudadana y la confianza en el sector público continúan siendo factores clave para la estabilidad democrática.