DERECHOS
Trámite de divorcio: Uruguay elimina plazos y simplifica el proceso legal.
El Poder Judicial implementó cambios que suprimen la espera obligatoria de dos años de matrimonio y reducen las audiencias de tres a una sola instancia. La reforma busca agilizar la disolución del vínculo matrimonial por sola voluntad, optimizando el tiempo de los juzgados y de los ciudadanos.
La legislación en Uruguay ha dado un giro importante en materia de derecho de familia al flexibilizar los requisitos para el divorcio por sola voluntad de uno de los cónyuges.
Anteriormente, el Código Civil imponía una restricción temporal que impedía iniciar este trámite si no habían transcurrido al menos 24 meses desde la celebración del matrimonio. Con la nueva normativa, esta limitación desaparece, permitiendo que la voluntad de cualquiera de las partes sea suficiente para acudir a la justicia sin importar la antigüedad del enlace.
El procedimiento administrativo también sufrió una reducción drástica en su estructura burocrática. Mientras que el régimen previo exigía comparecer a tres audiencias de ratificación separadas por intervalos de noventa días, el sistema actual concentra todo el acto en una única presentación ante el juez.
Una vez que el solicitante ratifica su decisión en dicha audiencia, el magistrado queda habilitado para dictar la sentencia de forma inmediata, lo que recorta meses de espera innecesaria.
Es relevante subrayar que la rapidez del nuevo formato no exime a las partes de sus obligaciones legales complementarias.
Los temas referentes a la tenencia de hijos, las pensiones por alimentos y la liquidación de la sociedad de bienes deben seguir los carriles correspondientes, ya sea por acuerdo mutuo o por vía contenciosa.
La justicia busca, de esta manera, separar la libertad de disolver el vínculo matrimonial de los conflictos patrimoniales o de cuidados, que requieren un análisis más profundo.
Esta reforma legislativa tiene como objetivo colateral la descongestión de las sedes judiciales de familia en todo el territorio nacional.
Al eliminar pasos formales en casos donde la decisión ya está tomada, se libera agenda para que los jueces puedan atender con mayor celeridad situaciones de violencia doméstica o vulneración de derechos de menores. Uruguay se alinea así con una visión moderna de la justicia, donde se prioriza la autonomía individual y la eficiencia del Estado.