Técnicos uruguayos ya están en España para auditar la compra del gobierno anterior de patrullas oceánicas

El proceso de adquisición de las patrullas oceánicas (OPV) por parte de Uruguay continúa sumando capítulos. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, informó que ya se encuentran en España dos técnicos uruguayos con la misión de auditar la construcción de las embarcaciones en el astillero Cardama, ubicado en Galicia. La decisión llega en medio de críticas de la oposición y cuestionamientos internacionales por presuntas irregularidades en la licitación.

Lazo afirmó que esta inspección directa permitirá acceder a una información más clara y completa, dado que, según sus declaraciones, los datos proporcionados hasta ahora por el astillero han sido parciales. Además, anunció la apertura de una investigación administrativa en el Ministerio de Defensa para revisar internamente el proceso de compra iniciado durante la administración de Luis Lacalle Pou.

“Esperamos el primer informe pronto. La presencia de los técnicos nos permitirá tener un panorama más completo. Los plazos se han estirado, pero ahora deben cumplirse conforme al contrato”, expresó Lazo, quien subrayó que no habrá cambios contractuales hasta contar con toda la información necesaria.

Las patrullas, con un costo estimado de 87 millones de dólares, debían estar listas en 30 meses desde diciembre pasado, con la entrega del primer buque prevista en 18 meses. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado demoras, en parte por la falta de avales financieros que recién fueron obtenidos el mes anterior.

La polémica también traspasó fronteras. La empresa estatal china China Shipbuilding Trade, que participó en la licitación, envió una carta al Senado uruguayo señalando irregularidades en el proceso, entre ellas el manejo de ofertas fuera del canal oficial mientras la licitación seguía abierta. Afirmaron haber alcanzado una puntuación casi perfecta, lo que sumó más dudas sobre la transparencia del proceso.

Como parte de las medidas adoptadas por la nueva gestión, la ministra sancionó a cuatro altos mandos de la Armada, incluidos el excomandante Jorge Wilson y tres oficiales más, por “falta a la verdad” en el manejo del proyecto. Estas sanciones reflejan el compromiso de Lazo con una revisión profunda y con consecuencias ante posibles irregularidades.

Con el Frente Amplio decidido a llevar el tema al Parlamento, la adquisición de las OPV se consolida como uno de los temas de defensa más tensos del período. El gobierno actual, aunque oficialista, muestra una postura crítica respecto a cómo se gestionó la compra, señalando la necesidad de transparencia y cumplimiento estricto del contrato.