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Salud: Crecen fallos judiciales en Uruguay para garantizar acceso a bombas de insulina.
La Justicia ratifica el derecho a tecnologías avanzadas en adultos con diabetes tipo 1 ante las limitaciones de cobertura del sistema público. Los magistrados priorizan el bienestar clínico de los pacientes sobre las restricciones administrativas del Fondo Nacional de Recursos.
En un escenario de creciente judicialización de la salud en Uruguay, los tribunales han consolidado una tendencia favorable hacia los pacientes con diabetes tipo 1 que demandan el acceso a sistemas de infusión continua de insulina.
Según datos actualizados a marzo de 2026, entre los años 2020 y 2025 se presentaron 42 recursos de amparo contra el Fondo Nacional de Recursos (FNR) por este motivo, de los cuales el 83% resultaron en sentencias que obligan al Estado a proporcionar el dispositivo.
Esta situación responde a una "discontinuidad estructural" en la política sanitaria, ya que el sistema actual garantiza la cobertura gratuita únicamente hasta los 21 años, dejando a los adultos en una vulnerabilidad prestacional que la Justicia está subsanando mediante fallos individuales.
El nudo del conflicto radica en la exclusión de los mayores de 21 años de las prestaciones del FNR para estas tecnologías, a pesar de que la evidencia médica demuestra que las bombas de insulina reducen significativamente el riesgo de hipoglucemias severas y mejoran la estabilidad glucémica.
Recientemente, en diciembre de 2025, el Ministerio de Salud Pública incorporó la "bomba parche" para la franja pediátrica y adolescente, pero mantuvo la restricción por edad para los adultos.
Los jueces, al dictaminar, han argumentado de forma recurrente que las formalidades administrativas y presupuestarias no pueden prevalecer sobre el derecho fundamental a la salud y a una calidad de vida digna, especialmente cuando existe indicación médica precisa.
El impacto de estas decisiones judiciales no solo beneficia a los recurrentes, sino que presiona por un cambio en la normativa nacional.
Mientras que en el Parlamento se discuten proyectos para universalizar el monitoreo continuo de glucosa, la vía judicial se ha transformado en el único camino efectivo para cientos de uruguayos que dependen de esta tecnología para gestionar su patología crónica.
Expertos en derecho sanitario advierten que la repetición de estos fallos genera una desigualdad de acceso, ya que solo aquellos con información y capacidad de litigar logran obtener el equipamiento que el sistema les niega por su fecha de nacimiento.