SEGURIDAD
Protección de menores: Diputada Inés Cortés (MPP) propone crear el delito de filicidio para reforzar la protección en contextos de violencia doméstica.
La diputada Inés Cortés (Movimiento de Participación Popular, MPP) ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento uruguayo que busca establecer la figura penal del Filicidio en el Código Penal, con el objetivo de brindar una respuesta "estructural" al aumento de la violencia que afecta a la infancia y adolescencia.
La iniciativa propone equiparar las penas de este nuevo delito con las ya establecidas para el Femicidio, enmarcando el Filicidio como el crimen cometido contra un hijo o persona bajo el cuidado del agresor para provocar un daño a un tercero, típicamente en un contexto de violencia doméstica.
El proyecto surge como una reacción directa a las alarmantes estadísticas recientes.
Según datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), durante el último año se intervinieron en cerca de 9.000 casos de violencia infantil, lo que representa un promedio de 24 situaciones reportadas por día.
La mayoría de estos abusos son cometidos dentro del núcleo familiar.
Prohibición de Revinculación Forzada y Sitios Seguros: Además de la reforma al Código Penal, la propuesta legislativa de la diputada Cortés incluye una serie de medidas complementarias destinadas a fortalecer el sistema de protección:
• Tenencia Compartida: Se buscan introducir cambios en la ley para prohibir la revinculación forzada de menores con progenitores o familiares que hayan sido identificados como agresores.
• Violencia Digital: Se establecen nuevas obligaciones para las plataformas y proveedores de servicios de internet con el fin de combatir la violencia en el ámbito digital.
• Sitios de Acogida: Se impulsa la creación de sitios seguros en los barrios, diseñados para el acogimiento y la protección inmediata de los menores en riesgo.
La legisladora señaló que esta iniciativa es fundamental para proteger los derechos de los menores y dar una señal clara de la gravedad con la que el Estado debe tratar la violencia intrafamiliar que tiene como víctima a la población más vulnerable.