CONGRESO INTENDENTES

Intendentes presionan por más fondos y advierten que el gobierno está “muy lejos” de sus demandas

El Congreso de Intendentes reclama mantener el 3,33% del presupuesto nacional y modificar la distribución de los recursos. Denuncian que las intendencias asumen servicios que no les corresponden por ley y apuntan a la necesidad de actualizar los criterios de reparto.

La pulseada entre los gobiernos departamentales y la administración nacional entró en una fase crítica. El Congreso de Intendentes se declaró esta semana en sesión permanente, con una advertencia clara: “el gobierno está muy lejos de nuestras demandas”. El principal reclamo es mantener el 3,33% del gasto nacional destinado a las intendencias y rediscutir los criterios de distribución que, según advierten, perpetúan desigualdades entre departamentos.

La fecha límite para llegar a un acuerdo es el 30 de julio, cuando se cierre el nuevo presupuesto quinquenal. Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), reconoció tras una reunión con los jefes departamentales que las prioridades están claras: más recursos, mejor coordinación y calidad en el gasto. “Se está trabajando para mejorar esos mecanismos”, señaló.

Pero desde el interior las señales son más tajantes. Nicolás Olivera, presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Paysandú, afirmó que “hay voluntad, pero falta decisión política”. Según el dirigente del Partido Nacional, avanzar en descentralización implica poner recursos sobre la mesa. “La descentralización cuesta, sale plata”, dijo en entrevista con Radio Carve, y denunció que los criterios actuales se basan en realidades desactualizadas. “Hay departamentos que reciben porcentajes de hace 20 años”, aseguró.

Uno de los focos del reclamo es el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), donde el 60% de los recursos son gestionados por el gobierno central y el 40% por los gobiernos departamentales. “No estamos pidiendo más plata, sino una redistribución más justa. Es una cuestión de voluntad”, sostuvo Olivera, quien también reclamó mayor autonomía en el uso de esos fondos.

Otra demanda crítica del Congreso es que muchas intendencias están cubriendo servicios que legalmente no les competen, como salud, educación, vivienda y programas sociales. “Hay un estudio del primer gobierno de Tabaré Vázquez que mostraba que el 40% del gasto social de las intendencias va a cosas que no nos corresponden. Si el gobierno se hiciera cargo de eso, seríamos Gardel y Le Pera”, ironizó Olivera.

El deterioro de la caminería rural es otro punto sensible. “Tenemos caminos preparados para 10.000 kilos y hoy circulan tritrenes de 50 toneladas. Por más creatividad que tengamos, eso no se arregla sin plata”, advirtió el intendente sanducero, remarcando la necesidad de inversión nacional en infraestructura vial.

Consultado sobre la situación de departamentos con dificultades financieras como Cerro Largo y Salto, Olivera dijo que “se han ofrecido ayudas para comenzar las nuevas gestiones”. En cuanto al proyecto de ley que limita los ingresos de confianza en las intendencias, fue claro: “No se puede gobernar sin equipo. Si un presidente puede nombrar a sus ministros, un intendente debe poder designar a sus directores”.

Finalmente, defendió su participación en el Diálogo Nacional por la Seguridad Social, a pesar de que el Partido Nacional se mantiene al margen: “Soy intendente de todos, no solo de los blancos. Me invitaron y fui. Me preocupa que se pierda la posibilidad de aportar”.

Con la negociación en curso y el reloj corriendo hacia el cierre presupuestal, la relación entre el interior y la Torre Ejecutiva está en tensión. El desenlace dependerá, según los intendentes, de un gesto político que respalde en serio la descentralización.