Educación en conflicto: recorte de más de 700 horas docentes afecta a jóvenes con discapacidad y personas privadas de libertad.

La Unión de Funcionarios de CODICEN (UFC) denunció la eliminación de 733 horas docentes en la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), una decisión que, según el gremio, “impacta de manera directa en estudiantes con discapacidad y en personas privadas de libertad”.

De acuerdo con la organización sindical, el recorte representa “más del 10% de la oferta horaria prevista para 2026” dentro de este subsistema, cuya finalidad es garantizar oportunidades educativas a jóvenes y adultos desde los 14 años que se encuentran en situación de rezago, desvinculación o riesgo de abandono.

Según los datos difundidos por la UFC, “en Montevideo se eliminaron 230 horas destinadas a estudiantes con discapacidad y 180 horas correspondientes a programas educativos en cárceles y centros de INISA”, mientras que “en el interior del país la reducción alcanza 30 horas en discapacidad y 300 horas en contextos de encierro”.

El presidente del sindicato, Diego Almada, afirmó que la decisión resulta “injustificada” y aseguró que “no se brindaron explicaciones claras por parte de las autoridades de DEJA” tras conocerse la medida el 9 de febrero, en el marco del proceso de elección de horas docentes. “Estamos ante un retroceso que afecta a los sectores más vulnerables del sistema educativo”, sostuvo el dirigente.

Almada agregó que el gremio se declaró en conflicto y adelantó que “se realizarán movilizaciones frente a la sede central de ANEP” y que “no se descartan medidas más contundentes, incluida la ocupación, si no hay una revisión de la resolución”.

Docentes vinculados a los programas afectados señalaron que “la reducción no es meramente administrativa, sino que implica menos clases efectivas y menos oportunidades de formación”. Como ejemplo, indicaron que “en algunas unidades penitenciarias funcionaban tres cargos de informática con 10 horas semanales cada uno y actualmente quedó un solo cargo con cinco horas”, lo que, a su entender, “limita severamente la continuidad de los procesos educativos”.

Desde ANEP, en tanto, se informó que “la disminución de horas fue una definición adoptada en el ámbito de DEJA” y que “el tema será analizado en la próxima sesión del Consejo Directivo Central”. Sin embargo, hasta el momento no se comunicó oficialmente si la medida será revisada o ajustada.

La polémica se enmarca en un contexto más amplio de discusión sobre asignaciones presupuestales y cobertura educativa. Desde distintos sectores del ámbito educativo se ha advertido que “los recortes en programas focalizados pueden profundizar desigualdades y debilitar políticas de inclusión que requieren estabilidad y recursos sostenidos”.

Especialistas en educación y derechos humanos han señalado que “la educación en contextos de encierro y en discapacidad no solo es un derecho, sino también una herramienta clave para la reinserción social y la autonomía personal”, por lo que cualquier disminución de recursos “tiene efectos que trascienden lo estrictamente académico”.

Mientras se aguarda una definición oficial por parte de las autoridades, la comunidad educativa permanece en estado de alerta. El sindicato reiteró que “no se trata únicamente de horas docentes, sino de derechos y oportunidades que hoy quedan en suspenso para cientos de estudiantes en situación de vulnerabilidad”.