AJUSTES EN REDACCIÓN
Debate Parlamentario: tope a montos en efectivo, atribuciones de SENACLAFT y Fiscalía de Lavado de Activos.
La reforma a la normativa antilavado, avanza en la Cámara de Diputados con acuerdos generales, pero tres artículos concentran las principales diferencias. Los consensos entre oficialismo y oposición serán la clave.
El proyecto que modifica la ley integral contra el lavado de activos volvió al centro de la agenda legislativa en un escenario político más fragmentado que en períodos anteriores.
Con mayoría oficialista en el Senado pero sin control propio en Diputados, el desenlace de la iniciativa dependerá de negociaciones finas y de eventuales alineamientos cruzados.
Aunque el texto fue aprobado en general y reúne respaldo amplio en varios capítulos, existen tres ejes que concentran la discusión: la reducción del tope para operaciones en efectivo, la ampliación de competencias de la SENACLAFT y la eliminación de la Fiscalía especializada en Lavado de Activos.
Límite al uso de efectivo:
Uno de los cambios más sensibles refiere al monto máximo permitido para transacciones en efectivo.
La Ley de Urgente Consideración había elevado ese tope a aproximadamente USD 160.000, frente a unos USD 6.000 previstos en la ley de Inclusión Financiera.
El proyecto actual propone reducirlo a aproximadamente USD 32.000.
En comisión, legisladores del Partido Colorado acompañaron la rebaja, aunque han señalado que el número específico aún puede ser objeto de discusión.
Desde Cabildo Abierto surgieron críticas por considerar que ese respaldo facilita la mayoría oficialista y modifica un criterio fijado durante la administración anterior.
Facultades de SENACLAFT bajo análisis:
Otro punto controvertido es la ampliación de atribuciones para la SENACLAFT.
El texto habilita inspecciones sobre bienes muebles e inmuebles vinculados a sujetos obligados, así como la posibilidad de requerir y retirar documentación o respaldos informáticos. Sólo se exige orden judicial para el ingreso a domicilios particulares.
La oposición cuestiona que esa redacción no asegure suficiente control jurisdiccional.
Pablo Abdala presentó una propuesta sustitutiva que exige autorización judicial previa también para el retiro de documentación, salvo en casos de urgencia debidamente fundada, que deberían ser comunicados al Juez competente dentro de las 24 horas.
Por su parte, Conrado Rodríguez manifestó que el Partido Colorado entiende que toda actuación de esa naturaleza debe contar siempre con autorización judicial previa, sin excepciones.
Fiscalía especializada en debate:
La eventual eliminación de la Fiscalía especializada en Lavado de Activos constituye el aspecto más delicado del proyecto.
En el Senado, algunos legisladores colorados acompañaron la disposición, pero en Diputados la postura aún no está consolidada.
Desde el Ejecutivo se ha sostenido que la propuesta cuenta con el aval de la Mónica Ferrero, quien en comisión planteó que mantener una única Fiscalía Especializada genera dificultades operativas y cuestionó su costo en relación con la carga de trabajo (tiene un solo caso).
La decisión que adopte el Partido Colorado en el plenario podría resultar decisiva, dado que el Partido Nacional ya adelantó que no acompañará ese artículo, al igual que otros sectores opositores.
Otros ajustes normativos:
Más allá de estos tres puntos precitados, la iniciativa introduce modificaciones en más de treinta artículos de la ley vigente desde 2017.
Se incorporan nuevos delitos precedentes —entre ellos ilícitos ambientales, fraudes financieros y determinados ciberdelitos cuyo monto supere aproximadamente las 100.000 unidades indexadas (unos USD 16.000)— y se amplía el universo de sujetos obligados no financieros.
También se prevén sanciones para directivos y alta gerencia de entidades incumplidoras, que pueden ir desde apercibimientos y multas hasta inhabilitaciones temporales o definitivas ante la SENACLAFT.
El proyecto extiende además de cinco a diez años el plazo de conservación de documentación respaldatoria y amplía de tres a cinco días el período en que, por instrucción de la Unidad de Información y Análisis Financiero, pueden bloquearse operaciones sospechosas vinculadas a fondos de origen presuntamente ilícito.
Con coincidencias en la necesidad de actualizar el marco legal, pero diferencias en aspectos institucionales y de control, el debate en Diputados se perfila como definitorio para la arquitectura futura del sistema uruguayo de prevención y combate al lavado de activos.