Contadores advierten: el default de la Caja de Profesionales podría afectar la nota crediticia del país

La delicada situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) amenaza con desbordar el ámbito previsional y filtrarse al núcleo de la estabilidad financiera del país. Según alertaron desde el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau), la falta de liquidez del organismo y el retraso en la aprobación de una solución legislativa pueden deteriorar el grado inversor de Uruguay.

La presidenta del Cceau, Cristina Freire, advirtió que la imagen internacional que genera un virtual "default" previsional, como el que se espera a partir de julio cuando la Caja comience a abonar las pasividades en dos cuotas, puede ser severamente castigada por las calificadoras de riesgo. “La imagen de default de una caja previsional podría poner en riesgo el grado inversor del país”, señaló, haciendo hincapié en el impacto simbólico y financiero del conflicto.

A pesar de los esfuerzos por avanzar en una solución entre el oficialismo y la oposición, la votación del proyecto de ley que daría asistencia a la Caja se postergó para el lunes 30 de junio, último día hábil del mes. Esto implica que el salvataje se juega contrarreloj, lo que suma incertidumbre al panorama económico.

Freire apuntó también contra el manejo del Directorio de la Caja, al que calificó como “mediocre”, y cuestionó al Poder Ejecutivo por no haber impulsado con mayor rapidez un proyecto que permitiera un rescate financiero oportuno, en cumplimiento del artículo 67 de la Constitución, que garantiza el pago de pasividades.

En su propuesta, el Cceau planteó reforzar el principio de solidaridad entre profesionales, exigiendo el cumplimiento del artículo 50 de la ley 17.738, que obliga a todos los profesionales universitarios a estar afiliados a la Caja, incluyendo a los más de 112.000 que actualmente declaran “no ejercicio”.

El trasfondo de esta advertencia va más allá de la Caja. Desde marzo de 2023, Uruguay ostenta un grado inversor de Baa1 por parte de Moody’s Ratings, con perspectiva estable, lo que fue visto como un logro de la administración de Luis Lacalle Pou y que el gobierno del Frente Amplio, encabezado por Yamandú Orsi, busca sostener.

Sin embargo, las calificadoras han advertido que el grado puede mejorar, pero también empeorar, si se agravan variables como el déficit fiscal o el crecimiento económico. En ese contexto, una crisis institucionalizada en un sistema previsional clave podría jugar en contra.

A día de hoy, las principales agencias —S&P, Fitch, DBRS Morningstar y R&I— mantienen la calificación de Uruguay en el rango BBB o BBB+, aún con perspectiva estable. Pero la tensión creciente en torno a la Caja de Profesionales abre un nuevo foco de preocupación.