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Conflicto marítimo: El sector pesquero exige suspender la prospección petrolera en Uruguay.
El Presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras, Juan Riva Zucchelli, denunció que las tareas de exploración offshore afectarán el tamaño de las especies y la abundancia de las capturas en plena zafra, cuestionando además la validez de las compensaciones ofrecidas por el Gobierno.
La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU) formalizaron un pedido ante el Poder Ejecutivo para detener de forma inmediata la prospección sísmica en aguas nacionales.
La industria sostiene que las detonaciones sónicas empleadas por la empresa Viridien para buscar hidrocarburos generan un impacto ambiental severo que ahuyenta a especies clave como la merluza, el calamar y el cangrejo.
Según Riva Zucchelli, la experiencia de campañas similares realizadas hace una década confirmó una merma drástica en la producción, lo que compromete la viabilidad económica de las empresas locales.
La relevancia de esta protesta radica en el momento en que se autorizaron las tareas. Los empresarios habían solicitado al Ministerio de Ambiente que la actividad comenzara recién después de abril para salvaguardar los meses más fuertes de la zafra. Sin embargo, la autorización fue emitida para el inicio de marzo, ignorando el reclamo del sector.
Asimismo, los armadores pusieron bajo sospecha la operativa del buque explorador, sugiriendo que la embarcación ya se encontraba delimitando áreas de exclusión antes de contar con la aprobación formal de las autoridades ambientales uruguayas.
Otro foco de tensión se encuentra en el sistema de resarcimientos económicos. El sector califica de "farsa" las compensaciones previstas, argumentando que los plazos de dos meses exigidos para demostrar la caída de capturas son técnicamente insuficientes para evaluar el daño biológico real.
Ante la falta de respuesta oficial, los representantes pesqueros no descartan iniciar acciones legales para frenar las operaciones, aunque admiten que los tiempos judiciales podrían ser demasiado lentos frente a un daño que consideran inminente.
Mientras el buque de prospección despliega sus cables de ocho kilómetros de longitud en el mar territorial, el sector pesquero se mantiene en estado de alerta, aguardando una mediación que evite lo que consideran el colapso definitivo de la actividad extractiva nacional.
Fuente: Ámbito