Aumento a jubilaciones mínimas en estudio: el BPS enfrenta demoras de hasta 8 meses

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, confirmó este lunes que el gobierno analiza otorgar un aumento adicional a las jubilaciones más bajas, aunque sin adelantos, debido al contexto fiscal complejo. “Es algo que está en conversaciones. Esperamos esta semana tener una definición”, afirmó Pardo, quien remarcó que la política del Ejecutivo no contempla pagos adelantados, pero sí estudia un ajuste limitado en las pasividades mínimas, que comenzaría a aplicarse entre julio y agosto.

La propuesta surge en un momento crítico para el organismo previsional, que enfrenta una acumulación de más de 58.000 expedientes de prestaciones pendientes. Según informó Pardo, el 32% de esos trámites tiene más de un año de antigüedad y el 24% menos de tres meses. Las cifras revelan un colapso que se arrastra del período anterior y que hoy impacta directamente en el acceso a derechos básicos de miles de uruguayos.

“Esto es consecuencia del modelo de atención del período pasado”, sentenció la jerarca, al presentar un paquete de medidas urgentes para destrabar el cuello de botella. Entre las decisiones inmediatas se cuenta la contratación de 12 médicos con el objetivo de acelerar las juntas médicas para incapacidades. También se eliminarán trámites considerados redundantes en los procesos de valoración médica.

Para los casos de jubilación común, se implementará un proceso exprés dirigido a personas que ya cumplieron con los requisitos de edad y años de servicio y no tienen ingresos. “Se liquidará rápidamente y, si luego se reconocen más años de trabajo, se reformará el monto”, explicó. Además, para los trabajadores activos que ya podrían jubilarse, el BPS pondrá a disposición una herramienta de cálculo proyectado que permita anticipar el monto estimado de la pasividad, buscando así ordenar la demanda y ofrecer previsibilidad.

El panorama actual muestra demoras significativas: 201 días en promedio para las jubilaciones comunes, 189 para las pensiones por invalidez y 252 días para los expedientes relacionados con incapacidades o subsidios transitorios.

Con el sistema tensionado, el gobierno enfrenta el doble desafío de aliviar la situación financiera de los jubilados más vulnerables sin agravar el delicado equilibrio fiscal, mientras intenta recuperar la operativa del BPS frente a un volumen de trámites que compromete su funcionamiento.