Denuncia pública
Propietario del Edificio Alborada demandará por un millón de dólares a la Administracion Peluffo Schiavo.
El denunciante aseguró en La Mañana en Cadena que detectó presuntas irregularidades en el manejo de expensas, cuestionó el funcionamiento interno del edificio y afirmó que la situación derivó en conflictos judiciales, hostigamientos y un fuerte desgaste personal.
Un propietario del Edificio Alborada de Punta del Este anunció que iniciará una demanda civil superior al millón de dólares contra la Administración Peluffo Schiavo, a la que atribuye presuntas irregularidades contables y administrativas registradas durante años en el manejo del complejo ubicado en la Rambla Lorenzo Batlle Pacheco y Francisco Salazar.
El denunciante habló hoy jueves 14 de mayo en el programa “La Mañana en Cadena” con los periodistas Marcelo Umpierrez y Rodrigo Silva, donde relató una extensa serie de situaciones que, según afirmó, comenzaron luego de solicitar información detallada sobre las expensas del edificio.
“Todo cambió cuando empezamos a pedir explicaciones sobre los números”, sostuvo el propietario, quien aseguró que las liquidaciones llegaban “sin detalles, sin boletas y solamente con montos globales”.
De acuerdo a su relato, la administración cobraba expensas trimestrales adelantadas y “nunca presentó documentación respaldatoria”. En ese sentido, afirmó que las diferencias detectadas en los gastos comunes “superan ampliamente el millón de dólares” durante los últimos años de gestión.
“El edificio estuvo administrado durante 30 años por la misma firma y jamás se hizo una auditoría”, expresó.
Durante la entrevista radial, el denunciante aseguró que una de las primeras irregularidades que detectó fue en la liquidación del personal.
“En enero figuraban ocho mucamas cobradas en las expensas cuando en realidad trabajaban cuatro. Era demasiado evidente”, señaló.
También cuestionó costos vinculados a obras edilicias y aseguró que la pintura exterior del edificio “costó 65 mil dólares”, aunque posteriormente solicitó presupuestos particulares que manejaban cifras considerablemente menores.
“Cuando empezamos a cuestionar los números aparecían mails corrigiendo cuotas por supuestos errores involuntarios”, manifestó.
El propietario sostuvo además que los pagos de expensas se realizaban en cuentas bancarias a nombre de la administración y no del consorcio del edificio.
“Existía una cuenta en JPMorgan Chase & Co. donde se podían realizar pagos desde Argentina y cuando pregunté cómo ingresaba ese dinero a Uruguay me respondieron que no era problema de ellos”, afirmó.
Según relató, la situación provocó un fuerte deterioro en la convivencia interna del edificio y derivó en enfrentamientos con otros copropietarios.
“Nos transformamos en los conflictivos simplemente por pedir explicaciones”, dijo.
El denunciante aseguró incluso haber recibido comentarios que interpretó como discriminatorios.
“Una funcionaria me dijo directamente que había comprado en el lugar equivocado”, recordó durante la entrevista.
También afirmó que la administración inició acciones judiciales en su contra y contra su esposa por la colocación de láminas de protección UV en los balcones del apartamento.
“Nos reclamaban 15 mil dólares a cada uno por un plóter en el balcón”, expresó.
En otro tramo de la entrevista, aseguró que la situación afectó profundamente su vida personal.
“Compramos el apartamento para tener tranquilidad y esto terminó destruyendo nuestra paz familiar”, lamentó.
El propietario indicó que actualmente la causa judicial ya se encuentra en etapa probatoria y que fueron presentadas auditorías contables junto a diversa documentación vinculada a los gastos comunes y movimientos financieros del edificio.
Asimismo, afirmó que tras la renuncia de la administración histórica “no hubo entrega formal de libros ni documentación”, y que una nueva administración designada posteriormente también renunció a las pocas semanas.
“La empresa dejó escrito que no podía continuar por el relacionamiento entre nuestra unidad y el resto de los copropietarios”, señaló.
El conflicto continúa ahora en el ámbito judicial mientras avanzan las actuaciones civiles vinculadas al pedido de rendición de cuentas y al análisis de la documentación presentada por las partes.