RECLAMA JUSTICIA
La Capuera: El calvario de un vecino que fue expulsado de su propia casa tras una "denuncia falsa".
Ronald, un licenciado en enfermería de origen peruano que reside en Uruguay desde hace 15 años, relató este lunes 16 de febrero en "La Mañana en Cadena" la pesadilla que vive su familia tras un acto de buena fe. Por intentar ayudar a un tío dándole alojamiento, terminó denunciado por la pareja de este, portando una tobillera electrónica durante 10 meses y viviendo alejado de su esposa y sus tres hijos, incluyendo a su bebé, al que no ha visto crecer.
La historia comenzó cuando Ronald permitió que un tío se instalara en una vivienda precaria al fondo de su terreno en La Capuera. Sin embargo, los problemas personales de su familiar con una mujer derivaron en una denuncia de violencia de género que alcanzó a toda la familia del propietario.
En un episodio de extrema crudeza, Ronald relató que, mientras él descansaba tras una guardia de 18 horas, la policía lo obligó a desalojar su propia casa, dejando en la calle a su esposa —recién operada de una cesárea— y a su hijo con apenas 15 días de vida.
“Prácticamente no les interesó la vida de un bebé recién nacido. Mi señora tenía 15 días de operada y nos mandaron a la calle. Si yo no hubiera tenido los medios para pagar un lugar en San Carlos, estaríamos en situación de calle mientras gente que no tiene nada que ver vive en el fondo de mi casa”, denunció el hombre con impotencia.
El afectado señaló directamente al Juzgado de Cuarto Turno de Maldonado, por negarse a visualizar un video que, según Ronald, demuestra que su familia fue la agredida dentro de su propio corredor: "Presentamos escritos y evidencias de que ellas vinieron a agredirnos a nuestra casa, pero el juez se niega a ver las pruebas. Me pusieron el dispositivo por 6 meses y ya van 10 meses. Es una desproporción total", afirmó.
Mientras Ronald vive en San Carlos y trabaja en el Sanatorio Mautone, las denunciantes permanecen en su propiedad. El enfermero describió una situación de "provocación constante" captada por sus cámaras de seguridad, que incluye el ingreso de personas ajenas y consumo de estupefacientes en su predio, lo que ha afectado la salud psicológica de sus hijos mayores y su desempeño educativo.
El vecino, quien llegó a Uruguay buscando un futuro mejor y logró recibirse de Licenciado en Enfermería mientras trabajaba, lamenta que su esfuerzo y nacionalidad uruguaya no le hayan servido para obtener una defensa justa: “Aporto hace 15 años al BPS, nunca tuve un problema con nadie. Extraño a mi familia, me perdí el crecimiento de mi bebe que ya está caminando. No vengo a pedir un favor al juez, vengo a pedir justicia real ante una denuncia inventada para hacer daño”, concluyó.
La familia no descarta elevar el caso a la Institución Nacional de Derechos Humanos ante la falta de respuestas de la justicia civil y de familia de Maldonado, que mantiene al dueño de casa fuera de su hogar mientras las ocupantes usufructúan su propiedad.