ACTUALIZACIÓN
Ian Borba (Aeródromo La Alameda): “Nos están echando como a un perro y nos quedamos sin techo”.
Centro Uruguayo de Planeadores recibió una resolución de Intendencia de Maldonado que fija 20 días para abandonar el predio utilizado desde hace 45 años; además, advierte que una mudanza comprometería su escuela certificada y obligaría a buscar otra base fuera del departamento.
El conflicto por la permanencia del Centro Uruguayo de Planeadores en San Carlos ingresó en una etapa decisiva.
Tras rechazarse el recurso presentado contra la determinación adoptada inicialmente por el Municipio, la Intendencia de Maldonado estableció un plazo de 20 días para entregar las instalaciones de La Alameda -el aeródromo público más grande del departamento-, bajo advertencia de avanzar con el desalojo.
“Recurrimos aquella resolución porque llevamos 45 años allí. Ahora el Intendente resolvió no hacer lugar al reclamo y nos dio 20 días para retirarnos”, explicó Ian Borba en diálogo con Cadena del Mar.
UNA ESCUELA QUE TENDRÍA QUE EMPEZAR DE CERO
El impacto excede el traslado de aeronaves. La institución funciona como asociación civil sin fines de lucro y posee una escuela de vuelo certificada, cuya habilitación está asociada al lugar donde desarrolla sus actividades.
“Si tenemos que mudarnos, perdemos esa certificación y debemos comenzar nuevamente todo el proceso. A eso se suman los costos de trasladarnos y el problema principal: hoy no tenemos dónde instalarnos”, advirtió.
Para operar planeadores se necesita un campo con determinadas características y un espacio cubierto capaz de resguardar las aeronaves. Según el directivo, ninguna alternativa disponible dentro de Maldonado reúne actualmente esas condiciones.
“Nos han acercado algunas posibilidades, pero necesitamos un lugar realmente apto. Dentro del departamento no encontramos otro, por eso existe una posibilidad concreta de tener que irnos afuera”, señaló.
RECLAMAN UNA INSTANCIA DE DIÁLOGO
Borba aseguró que durante todo el proceso intentaron mantener contacto con autoridades de San Carlos, tanto por vías institucionales como mediante gestiones informales, aunque —según afirmó— nunca consiguieron una reunión.
Recordó que un año atrás, después de que el conflicto tomara estado público, desde Intendencia se había planteado la posibilidad de abrir una instancia para buscar alternativas.
“Se nos prometió una reunión para tratar de encontrar una solución, ya fuera para permanecer o incluso para retirarnos en condiciones razonables. Ese encuentro nunca ocurrió y lo siguiente que recibimos fue esta resolución”, lamentó.
Aunque reconoció que existe una eventual vía judicial, sostuvo que el objetivo de la institución continúa siendo alcanzar un entendimiento.
“Siempre quisimos sentarnos frente a frente y resolver esto mediante el diálogo. La alternativa legal existe, pero cuesta dinero y tampoco asegura un resultado”, afirmó.
TURISMO: UNA CONTRADICCIÓN QUE CUESTIONAN
El Centro cuenta con aproximadamente 50 socios y, además de la formación aeronáutica, recibe visitantes interesados en realizar vuelos, una actividad que sus responsables vinculan directamente con la oferta turística departamental.
En ese punto, Borba cuestionó una circunstancia que considera contradictoria: pocos días antes de conocerse esta definición, Dirección de Turismo los convocó a integrar una mesa vinculada al turismo aventura.
“Nos invitan a formar parte de una propuesta turística y, al mismo tiempo, otra decisión nos obliga a dejar el lugar donde desarrollamos esa actividad. Es muy difícil de entender”, sostuvo.
