Ministerio de Justicia: penalistas advierten riesgos institucionales y cuestionan impacto en la independencia judicial.

La eventual creación de un Ministerio de Justicia en nuestro país volvió al centro del debate jurídico tras una jornada convocada por la Asociación de Abogados Penalistas (AAP), bajo el título “Ministerio de Justicia: una necesidad institucional o una expansión del Poder Ejecutivo”.

El encuentro reunió a destacados especialistas que coincidieron en manifestar preocupación por el alcance institucional de la iniciativa.

Participaron del panel el Dr. Juan Fagúndez —integrante de la directiva de la AAP—, el catedrático Dr. Gonzalo Fernández, el ex Ministro de Educación, Dr. Leonardo Guzmán y el constitucionalista y ex Diputado, Dr. Eduardo Lust, con la moderación del penalista José Luis González.

El Dr. Jorge Barrera, también convocado, no pudo asistir, pero remitió su exposición por escrito.

Uno de los puntos centrales del intercambio fue la falta de información pública sobre el contenido del proyecto, elaborado en la órbita del Poder Ejecutivo en un proceso liderado por el Prosecretario, Dr. Jorge Díaz.

Esta ausencia de detalles concretos, señalaron, incrementa la incertidumbre sobre su diseño y sus efectos reales.

Desde esa perspectiva, Eduardo Lust fue enfático al advertir que el eventual Ministerio podría tener “injerencia directa” en la Fiscalía.

A su vez, expresó su desacuerdo con la propuesta y sostuvo que no aportaría mejoras a la institucionalidad uruguaya.

En paralelo, Gonzalo Fernández planteó que la iniciativa “tiene mal pedigree”, en referencia al antecedente histórico del Ministerio de Justicia durante la Dictadura Cívico-Militar, cuando fue utilizado para remover jueces y funcionarios.

Si bien consideró que no corresponde quedar condicionados por el pasado, subrayó que cualquier reforma debe garantizar que no exista intervención en funciones propias del Poder Judicial.

El catedrático también puso el foco en la oportunidad de la propuesta:

Señaló que existen prioridades más urgentes, como la creación de Juzgados y el fortalecimiento del sistema penal, y cuestionó que se pretenda avanzar en una nueva estructura estatal en un contexto de restricciones presupuestales.

En ese sentido, se preguntó qué alcance real tendría la intención de “coordinar la política criminal”, al entender que no mejoraría ni la administración de justicia ni la situación carcelaria.

A su vez, desde el público, el ex Juez, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini, manifestó preocupación ante esa posible intervención en la política criminal, advirtiendo sobre sus efectos en procesos en curso.

Desde otra mirada coincidente, Leonardo Guzmán calificó la propuesta como “absolutamente inútil” y “perniciosa”.

Consideró que implicaría desviar recursos materiales hacia una estructura que no aportaría soluciones concretas y que podría generar mayor confusión institucional.

Por su parte, Juan Fagúndez enmarcó la discusión en términos republicanos:

Señaló que la creación de la Cartera podría implicar que “la política entre por la puerta y la justicia salga por la ventana”.

En esa línea, remarcó que el Poder Ejecutivo no debe asumir funciones jurisdiccionales y cuestionó que se asignen recursos a una nueva institución mientras el Poder Judicial enfrenta carencias.

En su exposición escrita, el Dr. Jorge Barrera desarrolló cinco argumentos centrales contra la iniciativa:

En primer lugar, cuestionó el llamado “pensamiento imitativo”, al advertir que vincular el desarrollo de países con la existencia de un Ministerio de Justicia constituye una falacia.

Señaló que Noruega alcanzó sus niveles actuales por múltiples factores y recordó que Afganistán también cuenta con una estructura similar, pese a sus bajos indicadores de desarrollo.

En segundo término, apeló a la denominada “Valla de Chesterton”, al sostener que no debe modificarse un sistema que funciona sin comprender previamente sus fundamentos.

Recordó que el único antecedente en Uruguay se registró durante la Dictadura, cuando el Ministerio fue creado en 1976 y eliminado en 1985 con el retorno de la Democracia.

En tercer lugar, advirtió sobre conflictos de interés en caso de concentrar funciones incompatibles bajo una misma jerarquía.

Mencionó como ejemplo la posible convivencia entre la Defensoría Pública —encargada de representar a ciudadanos frente al Estado— y la defensa de intereses estatales.

También alertó sobre la eventual inclusión de la Secretaría Antilavado y la unidad de inteligencia financiera junto a defensores en causas vinculadas al narcotráfico, con posibles implicancias ante organismos internacionales como el GAFI.

A esto sumó cuestionamientos sobre un eventual traslado de las conciliaciones laborales del Ministerio de Trabajo a una Cartera de carácter general.

Como cuarto punto, planteó una alternativa basada en el concepto de “Estado inteligente”, que priorice el uso de tecnología y la coordinación eficiente de datos para resolver problemas operativos sin necesidad de crear nuevas estructuras.

Finalmente, advirtió sobre la “pendiente institucional”. Señaló que las herramientas que se diseñan hoy deben pensarse para los gobiernos futuros y no únicamente para el presente.

En ese marco, utilizó una metáfora para graficar los riesgos de avanzar sin certezas: “Se sabe cómo empieza, pero no cómo termina”.

Concluyó que la actitud más prudente, desde el punto de vista institucional, es no avanzar en la creación del Ministerio de Justicia.

Imágenes: FCU