Difamación
Maldonado: inspectora de tránsito difamada en redes sociales fue desvinculada de las acusaciones tras intervención judicial.
Una serie de publicaciones virales realizadas tras un procedimiento de control en Balneario Buenos Aires derivó en actuaciones judiciales. La funcionaria que aparecía en las imágenes difundidas fue desvinculada públicamente de los hechos denunciados por la propia autora de los posteos.
La actuación de una inspectora de tránsito de Maldonado quedó en el centro de una controversia pública luego de que una vecina de Balneario Buenos Aires difundiera en redes sociales acusaciones de presunto hurto de 200 dólares, abuso de autoridad y agresiones vinculadas a un procedimiento de control vehicular realizado en julio de 2024.
Las publicaciones incluyeron fotografías de funcionarios que participaron del operativo desarrollado en la intersección de las calles 49 y 34 del balneario, frente a la estación de servicio de la zona.
Entre las imágenes difundidas aparecía una inspectora de tránsito que, con el correr de los meses, quedó asociada públicamente a las denuncias realizadas por la autora de los posteos.
La repercusión fue inmediata. Las acusaciones circularon ampliamente en redes sociales y generaron cientos de interacciones, comentarios y debates entre vecinos, exponiendo públicamente a los funcionarios que habían participado del procedimiento.
Sin embargo, la situación tomó un giro diferente durante las actuaciones posteriores desarrolladas ante la Justicia.
La autora de las publicaciones, Rossana Spoturno Vargas, fue citada por la Fiscalía Departamental de Maldonado de 2° Turno, a cargo de la Dra. Jessica Pereira, junto a las Dras. Dayana Núñez Pereira y Silvana Clavijo. En ese contexto, y tras recibir asesoramiento legal, difundió una extensa aclaración pública sobre los hechos.
En ese escrito sostuvo expresamente que la inspectora que aparecía en las fotografías viralizadas no tenía relación con los hechos que habían motivado sus denuncias.
“De ella no tengo nada para decir”, señaló en el documento, donde además afirmó que fue precisamente esa funcionaria quien le permitió regresar a su domicilio para buscar la documentación requerida durante el control vehicular.
La aclaración también establece que la inspectora no fue la persona involucrada en la denuncia presentada por la vecina y que su actuación durante el procedimiento se ajustó a las circunstancias del operativo.
El caso pone de manifiesto las consecuencias que pueden generar las publicaciones en redes sociales cuando incluyen imágenes identificables de funcionarios públicos, especialmente cuando esas imágenes terminan asociadas a acusaciones que posteriormente son aclaradas o rectificadas.
La inspectora de tránsito contó con la asistencia jurídica del Dr. Sebastián Serrón Bon, quien intervino en defensa de sus derechos frente a la difusión de los contenidos que la vinculaban públicamente con los hechos denunciados.
Mientras las actuaciones judiciales continuaron su curso en los ámbitos correspondientes, la aclaración difundida por la propia autora de las publicaciones terminó por despejar cualquier vinculación de la inspectora con los presuntos hechos denunciados originalmente.
La aclaración pública marcó un punto de inflexión.
La controversia se originó a partir de publicaciones realizadas tras un control de tránsito en Balneario Buenos Aires, pero la posterior declaración de la mujer introdujo un elemento clave: la funcionaria que aparecía en las fotografías difundidas no tuvo participación en los hechos que motivaron las acusaciones iniciales.
De esta forma, uno de los nombres que había quedado expuesto ante miles de usuarios en redes sociales fue expresamente desvinculado por la propia autora de los posteos, cerrando un capítulo que derivó en actuaciones judiciales y en la intervención de la defensa legal de la inspectora involucrada.