El Gran Chaparral (Maldonado): a ocho años del inicio de la causa continúa en disputa el remate de la estancia.

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1° Turno de resolvió ayer, miércoles 2 de septiembre, dejar sin efecto la suspensión del remate del inmueble “El Gran Chaparral”, ubicado en la 5° Sección Judicial del departamento de Maldonado, y dispuso que continúe la ejecución de la sentencia laboral.

El procedimiento había quedado detenido en abril, a solicitud de un Juzgado Federal de la ciudad argentina de La Plata, que invocó la existencia de un embargo previo relacionado con la causa de extradición que pesa sobre los propietarios del establecimiento, Ing. Marcelo Balcedo y Paola Fiege.

La resolución, sin embargo, no determina quién tiene prioridad para cobrar con el producido de la eventual subasta.

El fallo establece expresamente que esa controversia —entre los extrabajadores que reclaman créditos laborales y el Estado argentino, que invoca un embargo anterior— deberá dirimirse en una instancia posterior del proceso.

Para Balcedo y Fiege, avanzar con el remate antes de resolver ese punto constituye un “puro capricho”, debido a que, según argumentan, todavía nada garantiza que sean los propios trabajadores quienes finalmente cobren con los fondos obtenidos mediante la enajenación.

La pareja afirma, asimismo, que la causa que derivó en su detención el 4 de enero de 2018 se originó como represalia por notas sobre corrupción publicadas en el Diario Hoy de La Plata —medio de comunicación del cual Balcedo es Director— y en Red 92, ambos, de Argentina.

“Es una causa que nació para silenciarnos”, afirman.

Aquel 4 de enero, el matrimonio fue detenido en Piriápolis durante un operativo que incluyó helicópteros y vehículos blindados.

Sus hijos quedaron sin la presencia de sus padres y, de acuerdo con el relato de la pareja, la más pequeña estuvo al borde de la muerte tras ser mordida por una serpiente mientras ellos se encontraban imposibilitados de acompañarla.

“Nos sacaron de nuestra casa y nos separaron de nuestros hijos, sin habernos citado a declaración indagatoria”, expresan hoy, ocho años después.

Balcedo y Fiege mantienen una causa de extradición abierta en Argentina, sin haber sido indagados.

Paralelamente, en febrero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado uruguayo acerca de una petición presentada por la familia, en la cual se invocan violaciones al debido proceso y a la protección de la niñez y que, según indican, continúa avanzando.

En cuanto al proceso laboral que motiva el remate, Balcedo y Fiege cuestionan la manera en que fue recabada la prueba testimonial que fundamenta los reclamos de sus extrabajadores.

De acuerdo con su versión, un abogado y fiscales convocaron a gran parte del personal ofreciéndole la posibilidad de iniciar juicios laborales.

Muchos aceptaron, según relatan, mientras otros, “que son buena gente”, decidieron no participar.

También afirman que existió una instrucción previa de testigos en Sede Fiscal, circunstancia que consideran contraria al deber de objetividad que el Código del Proceso Penal (CPP) exige al Ministerio Público, y señalan que las declaraciones fueron coordinadas entre los testigos antes de ser prestadas.

“Cuando varios testigos coordinan lo que van a decir para que las versiones coincidan, eso ya no es un testimonio libre, es un guión”, sostienen.

La Jueza de Primera Instancia dio crédito a esos testimonios: “Nosotros estábamos en total indefensión, presos por una causa que aún hoy no tiene condena”, expresan Balcedo y Fiege.

Ambos aseguran, además, que las condiciones de trabajo en la estancia se encontraban por encima de las establecidas por convenio.

Entre ellas mencionan remuneraciones superiores a los laudos vigentes, pago de horas extra, alimentación proporcionada por un chef, indumentaria y equipamiento de seguridad, capacitación en prevención de riesgos y préstamos sin interés destinados a la adquisición de motos o automóviles cuando los trabajadores así lo solicitaban.

“Siempre estuvimos dispuestos a pagarles a los trabajadores lo que corresponde”, sostienen, aunque cuestionan la validez de los montos reclamados en la ejecución en curso.

Balcedo y Fiege anticiparon que apelarán por las vías que consideren pertinentes y que proseguirán con la petición presentada ante la CIDH.

“El día que la Justicia argentina reconozca la inocencia que venimos sosteniendo desde el primer día, ¿quién va a responder por estos más de ocho años de mentiras y padecimientos aquí en Uruguay?”, concluyeron.