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“El Gran Chaparral” (Balcedo y Fiege): suspenden remate de la mansión.

La Jueza Letrada del interior Dra. Ecatherina Cardozo ordenó suspender de forma "urgente" la subasta pública de la imponente propiedad ubicada en Playa Verde. El matrimonio, que enfrenta desde 2018 un proceso judicial que califica de "persecución", reafirmó públicamente su "voluntad de pagar" y abrió el diálogo directo con sus ex funcionarios, tal cual Fiege confirmó a Cadena del Mar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dio curso a su denuncia presentada por los argentinos.

Una resolución judicial a la que accedió nuestro medio de comunicación, firmada por la Jueza Letrada del interior, Dra. Ecatherina Cardozo Gorostiaga, dispuso suspender con carácter urgente el remate de “El Gran Chaparral”, la conocida mansión del empresario y sindicalista argentino Ing. Marcelo Balcedo y de su esposa, la empresaria Paola Fiege, ubicada en Playa Verde.

La Magistrada ordenó que se comunicara la medida de inmediato a las partes y al rematador, declarando además que el petitorio "carece de objeto" en virtud de la suspensión ya notificada.

La suspensión del remate se produce en el marco de un extenso proceso judicial que el matrimonio vincula a lo que describe como "una causa penal fabricada" que, en enero de 2018, los privó de su libertad.

Fue durante ese período de detención cuando se desencadenó una avalancha de juicios laborales impulsados —afirman— por "operadores que habrían incentivado a algunos empleados a iniciar acciones legales".

En diálogo con Cadena del Mar, Paola Fiege fue categórica respecto a la voluntad del matrimonio de resolver la situación: "A pesar de todo lo que nos hicieron en el peor momento de nuestras vidas, nosotros queremos pagar lo que corresponde a la realidad de los hechos. Los empleados tienen mi número de teléfono. Que me llamen para poder resolver la situación dentro de la realidad y no de la ficción jurídica", enunció de forma clara y categórica.

"Hasta el 4 de enero de 2018 siempre cumplimos":

Balcedo y Fiege sostienen que, hasta el momento de su detención, todos los compromisos laborales con su personal estaban al día: sueldos abonados, cargas sociales cumplidas y, en muchos casos, remuneraciones que duplicaban o triplicaban los mínimos convencionales.

"La empresa funcionaba y había una relación de confianza construida durante años", afirmaron.

Sin embargo, mientras permanecían detenidos y "sin posibilidad real de ejercer su defensa", varios de esos empleados iniciaron juicios respaldándose mutuamente como testigos y actuando todos a través de un mismo estudio jurídico: "Cuando finalmente pudimos volver a mirar lo que estaba pasando, ya era tarde. Todo lo que mintieron se convirtió en realidad", señala el matrimonio.

Documentos retenidos y una sentencia incumplida:

Uno de los puntos más críticos del caso es la situación de la documentación contable de las empresas.

Balcedo y Fiege denuncian que, pese a existir una sentencia definitiva que ordena la restitución de libros contables, facturas y demás documentación respaldatoria, los documentos aún no les han sido devueltos.

Esa misma documentación, sostienen, demostraría la falsedad de las declaraciones realizadas en su contra durante los juicios laborales.

"Nunca se nos escuchó. Tampoco se nos permitió presentar la documentación que acreditaba los pagos", afirman a Cadena del Mar, agregando que "a esto se suma haber firmado un acuerdo abreviado" -en lo que describen como "condiciones extorsivas"-, "bajo presión extrema y pensando en el bienestar de su familia".

La Corte Interamericana ya dio curso a la denuncia:

El caso trasciende las fronteras locales, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viabilizó la denuncia presentada por el Ing. Marcelo Balcedo y Paola Fiege, en nombre propio y en representación de sus hijos menores, lo que implica que el organismo internacional consideró que la situación reúne los requisitos de admisibilidad para ser examinada en esa instancia.

Desde enero del año 2018, el matrimonio describe su vida como "un proceso judicial interminable".

Hoy, dicen, su único interés es resolver y poner punto final a litigios que nunca deberían haber existido, de una manera posible: "Es una injusticia y duele mucho siempre haber cumplido nuestras obligaciones durante años y que, en el peor momento de nuestras vidas, cuando estábamos completamente vulnerables, todo haya avanzado igual, sin darnos una verdadera oportunidad", concluyen.