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Senador Blás (PN) respaldó críticas al SUCIVE: "Advertimos por multas confiscatorias”.

El legislador nacionalista maldonadense, acompañó los cuestionamientos del Diputado canario -también de la oposición-, Sebastián Andújar; y señaló que el actual sistema de patentes y sanciones de tránsito afecta de forma desproporcionada a los trabajadores.

A raíz de una serie de modificaciones relativas al funcionamiento del sistema de patentes y multas de tránsito, se advirtió por parte de dos representantes de la oposición al Gobierno Nacional, que el esquema vigente del SUCIVE terminó alejándose de los principios de equidad y justicia tributaria.

En ese marco, el Senador Rodrigo Blás respaldó la exposición realizada durante la media hora previa de la Comisión Permanente por parte del Representante Nacional, Sebastián Andújar, quien cuestionó con dureza el monto de las patentes de rodados y el carácter recaudatorio del sistema de sanciones de tránsito aplicado por los gobiernos departamentales.

Durante su intervención, Andújar recordó que el SUCIVE fue concebido para ordenar y transparentar el cobro de patentes entre departamentos, pero sostuvo que con el paso del tiempo se transformó en un mecanismo rígido y poco sensible a la realidad económica de la población.

A su entender, el sistema actual impone cargas claramente desproporcionadas en relación al valor real de los vehículos y a la capacidad contributiva de sus propietarios.

El legislador blanco puso especial énfasis en el impacto que estos costos tienen sobre quienes dependen de su vehículo para trabajar, como repartidores, fleteros, taxistas y pequeños emprendedores, señalando que en muchos casos el pago anual de la patente equivale a un salario mensual completo.

Asimismo, advirtió que los ingresos por patentes pasaron a funcionar como respaldo financiero de las intendencias, al ser utilizados como garantía de fideicomisos departamentales.

Según expresó, esta situación generó una lógica de “voracidad recaudatoria” que terminó desdibujando el criterio de justicia en la aplicación del tributo.

En relación al sistema de multas, se cuestionó el uso intensivo de radares y cámaras automáticas, afirmando que la educación vial fue sustituida por una lógica puramente recaudatoria.

También calificó como confiscatorias algunas sanciones, incluyendo aquellas aplicadas por no pagar la patente sin considerar eventuales dificultades económicas del contribuyente.

Tanto Blás como Andújar coincidieron en que la situación configura una injusticia tributaria y un exceso de poder de los gobiernos departamentales.

En ese sentido, plantearon la necesidad de que el Poder Legislativo intervenga para revisar montos, tipos de sanciones y valores de las patentes, respetando la autonomía departamental pero priorizando la protección de los trabajadores.

Finalmente, se convocó a los legisladores nacionales de todos los partidos para avanzar en una solución de fondo, aun cuando ello implique asumir costos políticos en cada departamento, subrayando que el objetivo central debe ser defender a quienes necesitan su vehículo para vivir y trabajar.