CASO DANZA
Rodrigo Blás cuestionó a la JUTEP: “Ha perdido legitimidad al actuar con criterios políticos y no técnicos”.
El Senador nacionalista expresó su preocupación por el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública que desestimó un informe técnico sobre la incompatibilidad del Presidente de ASSE, Álvaro Danza. Blás advirtió que la resolución “avala una inconstitucionalidad evidente” y denunció un “uso político” del organismo.
El Senador del Partido Nacional, Rodrigo Blás, manifestó su firme desacuerdo con la reciente decisión de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), que resolvió no acompañar el informe técnico que señalaba una posible incompatibilidad constitucional en el cargo del Presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien al mismo tiempo desempeñaba funciones en instituciones públicas y privadas del sector de la Salud.
Blás calificó el dictamen como “un aval político a una inconstitucionalidad evidente” y sostuvo que la resolución, promovida por los directores vinculados al Frente Amplio, “desconoce fundamentos jurídicos ampliamente aceptados por constitucionalistas y por la propia Universidad de la República”.
“Nos preocupa que un organismo creado para velar por la ética pública se mueva según el color político del funcionario que deba evaluar. Con esta decisión, la JUTEP queda totalmente deslegitimada ante la ciudadanía”, señaló el legislador nacionalista.
El Senador recordó además antecedentes similares, como el caso del Antel Arena, cuando -según afirmó- el Frente Amplio “forzó la renuncia de su delegado en la JUTEP por haber emitido una opinión contraria a sus intereses partidarios”.
Para Blás, esta situación “confirma un patrón de comportamiento que debilita la credibilidad institucional del Estado”.
En relación con el caso de Danza, Blás enfatizó que se vulnera el artículo 200 de la Constitución, y agregó que la Ministra de Salud Pública, al pedirle al jerarca que renunciara a sus actividades privadas, “reconoció implícitamente la existencia de la incompatibilidad”.
“Pretender lo contrario -dijo- es colocar lo político por encima de lo jurídico”.
Finalmente, Blás advirtió que este episodio “trasciende el caso personal de Danza” y representa “un grave precedente para el futuro del control ético en la función pública”.
En ese sentido, concluyó: “Cuando los organismos que deben garantizar transparencia actúan como brazos políticos, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y nadie termina controlando al poder”.
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