TERCERIZACIONES
Javier Ramírez (FA): “La Fundación A Ganar es una empresa que vende servicios, amiga del poder”.
El frenteamplista cuestionó las contrataciones de la Intendencia Departamental y afirmó que unas 870 personas trabajan mediante esa modalidad. También señaló que se prevén USD 60 millones para 4 años y aclaró que su planteo no constituye una acusación penal.
Javier Ramírez puso el foco en la Fundación A Ganar durante una exposición sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales.
En diálogo con nuestra emisora (106.5 F.M.), sostuvo que su funcionamiento se distancia del trabajo filantrópico que realizan otras instituciones y vinculó su presencia en Maldonado con prácticas de clientelismo político.
El legislador departamental atribuyó a las comparecencias de los directores municipales durante el tratamiento presupuestal las cifras que presentó: alrededor de 870 trabajadores y una asignación de USD 15 millones anuales durante 4 años.
Según explicó, ese personal desempeña tareas en distintas reparticiones, desde barrido hasta funciones profesionales.
“No estamos en contra del trabajo honesto de la gente. Sabemos que es sagrado y que estamos hablando de los recursos con los que se sostiene una familia”, expresó.
Su cuestionamiento, precisó, apunta a la intermediación y al eventual uso de esas oportunidades laborales para obtener apoyo electoral.
Como antecedente, mencionó el relevamiento impulsado por el senador Eduardo Brenta sobre los convenios estatales del período 2020–2025.
La información del Tribunal de Cuentas situó las contrataciones por encima de USD 70 millones; al incorporar otros acuerdos detallados por separado, el total superaba los USD 90 millones.
Maldonado figuraba como el principal organismo contratante, con aproximadamente USD 40 millones en ese quinquenio.
Ramírez también citó una estimación de USD 6 millones de ganancias para la entidad durante ese período, que utilizó para discutir su presentación como organización sin fines de lucro. “Mostrate como empresa y no como una ONG de ayuda”, reclamó.
Consultado sobre por qué no recurría a la Justicia, el representante del Frente Amplio delimitó el alcance de sus afirmaciones: “No lo muestro como un delito. Lo planteo como información a la población”.
Consideró que existe una situación anómala por los beneficios que atribuyó a la figura de fundación frente a una actividad que entiende comercial.
Para Ramírez, el centro del debate debe ser la rendición de cuentas sobre el destino de los fondos: “No son los dineros del intendente de turno ni de los legisladores oficialistas. Es dinero de todos los contribuyentes de Maldonado”.