Federico Casaretto sobre el caso Danza: “No es un error administrativo: es un acto de corrupción”.

La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza, cristalizó semanas de polémica política y jurídica en torno a su multiempleo y a la frontera entre lo público y lo privado en la salud. Mientras la oposición reclama su renuncia, denuncia actos ilícitos y exige que devuelva dinero cobrado a través de estructuras vinculadas a ASSE, el oficialismo ratifica a Danza en el cargo y afirma que no hubo incompatibilidades legales en su desempeño.

Danza asumió la presidencia de ASSE en abril de 2025, ya en el gobierno de Yamandú Orsi, con una larga trayectoria como médico internista, docente grado 5 de la Facultad de Medicina y vínculos laborales con al menos tres mutualistas privadas: Médica Uruguaya, Asociación Española y CAMS de Soriano. El núcleo del debate está en si era compatible dirigir el principal prestador público de salud, que contrata servicios con esas mismas instituciones, mientras seguía percibiendo ingresos como médico y docente, y si ese esquema vulnera el artículo 200 de la Constitución, la ley orgánica de ASSE y normas anticorrupción como la llamada “ley cristal” y el Código de Ética de la Función Pública.

En ese marco, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) quedó en el centro de la escena. Por un lado, un informe elaborado por su Asesoría Letrada concluyó que existían “incompatibilidades e irregularidades” entre el rol de Danza como presidente de ASSE y sus funciones en instituciones médicas privadas, la Facultad de Medicina y la Revista Médica del Uruguay, señalando que ese entramado violaría el artículo 200 de la Constitución, la ley de ASSE, la ley 17.060 y artículos del Código de Ética de la Función Pública. Por otro lado, el directorio de la propia Jutep resolvió el 6 de noviembre, por mayoría de dos votos a uno, que no hay incompatibilidad entre la actividad pública y privada de Danza, habilitándolo a seguir en el cargo, lo que disparó duras críticas de la oposición y de expertos que consideran que el organismo desoyó su propio informe técnico.

La polémica no se reduce a los vínculos con el sector privado. Un eje particularmente sensible son las supuestas superposiciones horarias entre la presidencia de ASSE y la actividad docente y asistencial de Danza. El informe jurídico interno de la Jutep detectó coincidencias de horarios entre la jornada laboral en ASSE y tareas en el Hospital Pasteur o en otros departamentos (como Tacuarembó y Flores), y sostuvo que esa situación vulnera el deber de dedicar la totalidad de la jornada a la función pública, tal como establece el Código de Ética de la Función Pública. A partir de esos datos, el diputado nacionalista Federico Casaretto, en la Cámara de Representantes, fue más allá y enumeró días de agosto en los que Danza habría marcado su entrada y salida en el Hospital Pasteur mientras, según el legislador, estaba en realidad recorriendo Rivera, Tacuarembó, Paso de los Toros o el Hospital de Trinidad. Con esa base, calificó la conducta de “corrupción” por “marcar la tarjeta en un lado público y cumplir la función en otro”, denunciando que el jerarca da “el mal ejemplo” a los funcionarios.

En una ampliación de su denuncia, Casaretto cargó especialmente contra la dimensión simbólica del caso. Señaló que un jerarca de la magnitud del presidente de ASSE “no solo administra recursos públicos, sino que marca el estándar ético del resto del sistema”, advirtiendo que si quienes ocupan los máximos cargos “se permiten marcar una tarjeta para simular presencia mientras se encuentran a cientos de kilómetros”, el mensaje que reciben residentes, estudiantes, administrativos y médicos jóvenes es “que el sistema tolera y hasta naturaliza comportamientos que, en cualquier otra época, hubieran significado el cese inmediato de un funcionario”. El diputado afirmó que este tipo de prácticas erosionan la credibilidad de ASSE y “desmoralizan” a quienes cumplen estrictamente su horario, remarcando que “no se trata de un error administrativo, sino de una forma de ejercer el poder”.

A esto se suma otra arista económica: el acceso de Danza a ingresos a través de estructuras vinculadas a ASSE. Un informe interno del abogado Luis Calabria, incorporado al expediente de la Jutep, concluye que el jerarca incurrió en “cobro indebido” mediante pagos asociados a un programa de formación de recursos humanos financiado con fondos públicos, lo que habría generado un “perjuicio al Estado” que, a juicio de diputados de los partidos Nacional y Colorado, debe ser compensado con la devolución del dinero. El propio expediente registra que Danza renunció a ese ingreso el 14 de octubre, a través de una carta dirigida al decano de la Facultad de Medicina, pero para la oposición ello no borra la responsabilidad por lo ya cobrado.

Durante la interpelación, el miembro convocante, el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, centró parte de sus cuestionamientos en la decisión de Danza de rescindir el 30 de octubre un convenio entre ASSE y la mutualista Círculo Católico. Sostuvo que el jerarca cometió un “acto administrativo ilícito” al tomar esa decisión siendo, al mismo tiempo, presidente del prestador público y empleado dependiente de al menos dos mutualistas competidoras, y afirmó que esa resolución podría encuadrarse en figuras delictivas como falsificación ideológica o alteración de documentos. En su intervención, Sotelo aseguró que el gobierno “forzó” la interpretación de normas constitucionales y legales para sostener a Danza, y que al hacerlo desoyó la opinión de la oposición, de cátedras universitarias y de los juristas de la propia Jutep.

La respuesta del gobierno se apoyó en la resolución final de la Jutep y en dictámenes previos. La ministra Lustemberg recordó que, antes de que Danza asumiera, se pidió un informe al estudio jurídico Delpiazzo, que no encontró incompatibilidades en su situación de multiempleo, y que en base a esos elementos el Senado otorgó la venia correspondiente. La jerarca defendió la gestión del presidente de ASSE, subrayó que, a pedido del propio Danza, se solicitó el análisis de la Jutep y se actuó “de manera transparente y honesta”, y remarcó que el jerarca renunció a sus trabajos privados y a los ingresos cuestionados para despejar cualquier duda. En sala, Lustemberg lo describió como “la mejor persona” para conducir ASSE, destacó su liderazgo y su capacidad técnica, y negó que haya existido conflicto de interés entre sus cargos.

Tras la extensa sesión parlamentaria, el Poder Ejecutivo salió a cerrar filas. Desde Presidencia y el Ministerio de Salud se ratificó el respaldo a Danza, apelando tanto a la resolución mayoritaria de la Jutep como a los informes jurídicos que no hallaron incompatibilidades, y se insistió en que el jerarca ya dejó sus actividades privadas. En filas oficialistas se interpreta la ofensiva opositora como un intento de desgastar al gobierno de Orsi y de proyectar sospechas sobre la reestructura de cargos y salarios en ASSE emprendida este año.

En el plano político, la interpelación dejó bien marcadas las líneas de fractura. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente anunciaron que declararán “insatisfactorias” las respuestas de la ministra, insistirán en la renuncia de Danza y utilizan el caso como ejemplo de lo que consideran un relajamiento de los estándares éticos del nuevo oficialismo. Cabildo Abierto, en cambio, relativizó la citación, a la que calificó de “interpelación caprichosa” producto de una oposición “desmedida”, aunque dentro del sistema político persisten dudas sobre qué posición adoptará el partido en eventuales votaciones futuras.

El telón de fondo es más amplio que la figura de Danza. Con informes jurídicos enfrentados, una resolución de la Jutep que avala su continuidad, un dictamen interno que describe incompatibilidades e irregularidades, reclamos de devolución de salarios y denuncias de superposición horaria que ya llegaron al Parlamento, el caso se transformó en un test sobre hasta dónde pueden llegar los vínculos privados de quienes conducen entes públicos, en particular en un sistema de salud donde el Estado contrata y regula a los mismos actores con los que muchos jerarcas trabajan desde hace años. Las próximas movidas —acciones administrativas, nuevas comparecencias parlamentarias o eventuales derivaciones judiciales— terminarán de definir si el episodio se agota en una tormenta política o se consolida como un precedente para redibujar los límites entre lo público y lo privado en la función estatal.