RECLAMOS
Federico Casaretto (PN): "Existen faltas de garantías en el nuevo plan contra el lavado de activos".
La reforma del sistema de control de activos impulsada por el Frente Amplio enfrenta duras críticas por la quita de controles judiciales en las inspecciones de la SENACLAFT. El legislador nacionalista por Maldonado sostiene que la medida desprotege el secreto profesional de abogados y escribanos, al tiempo que advierte sobre un retroceso en la lucha contra el delito financiero al suprimirse la fiscalía especializada.
El Diputado Federico Casaretto manifestó su rechazo frontal a la reforma del sistema de control de activos promovida por el Frente Amplio, al considerar que el texto "debilita los derechos civiles frente al Estado".
La controversia se centra en las potestades extraordinarias que recibiría la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), un organismo dependiente de la Presidencia de la República.
Para el representante nacionalista, "la estructura planteada centraliza un poder excesivo en la figura de Jorge Díaz, eliminando los contrapesos que ofrece el Poder Judicial y dejando a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad administrativa".
El núcleo del reclamo parlamentario apunta a la "capacidad que tendría el organismo para secuestrar soportes digitales y documentación física de estudios profesionales sin necesidad de una orden emitida por un magistrado".
Casaretto advirtió que esta medida "despoja de protección a escribanos, abogados y contadores, ya que permite al Estado hurgar en contratos, sucesiones y archivos privados de clientes que no están bajo investigación".
El legislador fue enfático en que, "si bien la fiscalización es necesaria, en un sistema democrático debe ser la Justicia, y no una oficina política, la que autorice tales intrusiones en la privacidad de los trabajadores y sus representados".
Casaretto sostuvo que en este tema "el exfiscal Dr. Jorge Díaz no le brinda ninguna garantía".