Adecuación Presupuestal: ¿Por qué una Intendencia no puede modificar su presupuesto por sí sola?

Cada vez que una Intendencia anuncia una adecuación presupuestal, el concepto suele instalarse en el debate público acompañado de interrogantes sobre su alcance y sus efectos.

Sin embargo, detrás de esa expresión existe un procedimiento constitucional específico destinado a garantizar el control de los recursos públicos y el equilibrio financiero de los Gobiernos Departamentales.

Desde el punto de vista jurídico, una adecuación presupuestal constituye una forma de modificación presupuestal.

En términos prácticos, permite introducir ajustes sobre un presupuesto ya vigente para adecuarlo a nuevas realidades económicas, financieras, salariales o de gestión.

No obstante, la normativa uruguaya establece que esos cambios no pueden realizarse de manera unilateral por parte del Ejecutivo Departamental.

Base constitucional

El régimen presupuestal de las Intendencias se encuentra regulado en la Sección XIV de la Constitución de la República.

El artículo 222 de la Carta Magna dispone que, en lo pertinente, los presupuestos departamentales quedan alcanzados por diversas disposiciones aplicables al Presupuesto Nacional, incorporando criterios de responsabilidad financiera, control y legalidad.

Por su parte, el artículo 223 establece que corresponde al Intendente elaborar el Presupuesto Departamental que regirá durante su período de gobierno y remitirlo a consideración de la Junta Departamental dentro de los primeros seis meses de mandato.

El artículo 224, en tanto, fija un plazo de cuatro meses para que la Junta examine, debata y resuelva sobre los proyectos presupuestales enviados por el Ejecutivo Departamental.

Adecuación Presupuestal y Modificación Presupuestal

Aunque en la práctica ambos conceptos suelen utilizarse como sinónimos, no poseen exactamente el mismo alcance.

La modificación presupuestal constituye el concepto general y comprende cualquier alteración introducida sobre un presupuesto vigente.

La adecuación presupuestal, en cambio, suele referirse a ajustes destinados a actualizar recursos, gastos, partidas, retribuciones, programas o previsiones financieras para acompasarlos a nuevas circunstancias económicas o administrativas.

Toda adecuación presupuestal implica una modificación del presupuesto, pero no toda modificación presupuestal constituye una adecuación.

La diferencia radica en que la adecuación suele estar asociada a ajustes y actualizaciones derivados de la gestión, mientras que una modificación presupuestal puede abarcar cambios más amplios en la estructura de recursos y gastos.

Rol de la Junta Departamental

El Legislativo Deliberativo Departamental interviene únicamente como órgano de aprobación formal.

La Constitución y la Ley Orgánica Municipal N° 9.515 le atribuyen funciones legislativas y de contralor, por lo que debe analizar el contenido de los proyectos remitidos por el Intendente y pronunciarse sobre su conveniencia, legalidad y viabilidad financiera.

Sin embargo, la propia Constitución establece límites a sus potestades.

El artículo 225 dispone expresamente que las Juntas Departamentales no pueden aprobar presupuestos deficitarios ni crear cargos por iniciativa propia, procurando preservar la sostenibilidad económica de los Gobiernos Departamentales.

Intervención obligatoria del Tribunal de Cuentas

Uno de los controles más relevantes del sistema recae sobre el Tribunal de Cuentas de la República.

Antes de la aprobación definitiva de un presupuesto o de una adecuación presupuestal, el organismo debe emitir un informe técnico preceptivo.

La Constitución le concede un plazo de 20 días para expedirse y formular observaciones cuando detecte errores en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o incumplimientos de disposiciones constitucionales y legales.

Se trata de un control preventivo cuyo objetivo es asegurar que las modificaciones propuestas cuenten con respaldo financiero suficiente y respeten el marco jurídico vigente.

¿Qué ocurre cuando existen observaciones?

Si el Tribunal de Cuentas formula observaciones, la Junta Departamental debe analizarlas antes de adoptar una resolución definitiva.

Cuando las acepta, el proyecto continúa su trámite y puede ser sancionado.

Si las rechaza, la discrepancia no queda resuelta automáticamente.

En ese escenario, el asunto puede ser elevado a la Asamblea General, órgano que tiene la potestad de pronunciarse sobre las diferencias surgidas entre la Junta Departamental y el Tribunal de Cuentas.

Además, una vez emitido el informe del organismo de contralor, la Junta no puede introducir nuevas modificaciones al texto sometido a consideración.

Mecanismo de control previsto por el Estado

La participación del Tribunal de Cuentas no se limita únicamente a los presupuestos departamentales.

El artículo 211 de la Constitución le asigna competencias vinculadas al control de legalidad de gastos y pagos, al análisis de rendiciones de cuentas y al seguimiento de la gestión financiera de los organismos públicos.

Por esa razón, la adecuación presupuestal representa mucho más que una actualización de números o partidas.

Constituye una herramienta de gestión prevista por el ordenamiento jurídico para adaptar los presupuestos a nuevas necesidades, pero sometida a una cadena de controles institucionales que involucran a la Intendencia, la Junta Departamental, el Tribunal de Cuentas y, eventualmente, a la Asamblea General.

En definitiva, la normativa vigente procura compatibilizar la autonomía de los Gobiernos Departamentales con mecanismos de supervisión destinados a garantizar la legalidad, la transparencia y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos.