SEGURIDAD PENITENCIARIA
Represalia (Las Rosas): denuncian que incendiaron la casa de un funcionario del INR.
Germán Gutiérrez, referente sindical del sistema penitenciario, reveló en La Mañana en Cadena que el trabajador habría sufrido el ataque tras denunciar un intento de soborno. También advirtió sobre la falta de personal en la Unidad N° 13, donde, según sus cálculos, hay un efectivo de servicio cada 70 reclusos.
Un funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que desempeña tareas en la cárcel de Las Rosas, habría sufrido el incendio intencional de su vivienda como represalia por denunciar un intento de soborno de personas privadas de libertad.
La situación fue revelada hoy viernes 30 de octubre por el dirigente sindical Germán Gutiérrez, durante una entrevista en La Mañana en Cadena.
Según explicó, el trabajador rechazó una propuesta para facilitar el ingreso de teléfonos y otros elementos prohibidos al establecimiento penitenciario.
“Tenemos un caso en la cárcel de Maldonado de un funcionario que denunció a unos reclusos que intentaron coimearlo para facilitar celulares y otros insumos. El funcionario informó y le quemaron la casa”, relató.
Gutiérrez manifestó su preocupación porque los internos señalados continúan alojados en la misma unidad donde trabaja el denunciante.
“Los reclusos que él denunció todavía no fueron trasladados”, aseguró, y confirmó que el funcionario permanece desempeñando sus tareas habituales.
El sindicato solicitará una reunión con el Subdirector Operativo del INR, Cte. Mayor Assael Arcos, para reclamar el traslado de los involucrados y una solución que contemple la seguridad del trabajador.
UN FUNCIONARIO CADA 70 RECLUSOS
Otro de los aspectos centrales de la conversación fue la crítica situación de personal y superpoblación que atraviesa la Unidad N° 13.
“La cárcel está llegando a las 1.300 personas privadas de libertad, con una capacidad de apenas 700 plazas”, advirtió Gutiérrez.
De acuerdo con un relevamiento del Centro de Formación Penitenciaria citado por el dirigente, Las Rosas dispone de 96 funcionarios en total, entre personal policial y operadores penitenciarios.
Sin embargo, al considerar la distribución por turnos, el sindicato calculó una relación operativa de un trabajador cada 70 internos.
“Las normas internacionales y el propio Libro Blanco de la reforma penitenciaria recomiendan un funcionario cada tres personas privadas de libertad”, sostuvo, al cuestionar la insuficiencia de recursos humanos.
El entrevistado también denunció el deterioro sanitario de las instalaciones, con dificultades en el suministro de agua, desbordes de aguas servidas y falta de inversiones.
A estas carencias sumó la existencia de un único vehículo destinado a traslados judiciales y médicos, lo que, según afirmó, genera complicaciones cuando deben realizarse conducciones hacia Montevideo.
PLANTEOS ANTE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Gutiérrez informó que el sindicato mantuvo una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Maldonado para trasladar las principales dificultades del establecimiento.
Entre las propuestas mencionó la creación de un espacio recreativo destinado a niños que concurren a visitar a familiares privados de libertad, además de solicitar colaboración para mejorar las condiciones materiales del recinto.
“La Junta Departamental se comprometió a articular en ese sentido”, señaló, y expresó su expectativa de obtener respuestas durante los próximos meses.