Insólito
Audios, confusión y allanamiento fallido: crónica de un papelón judicial.
Un jubilado de 66 años fue sorprendido en su casa por la Policía tras una orden enviada por mensaje de voz. El Tribunal de Apelaciones confirmó que el procedimiento fue ilegal.
Lo que comenzó como una persecución policial terminó convirtiéndose en un caso digno de un guion absurdo. En julio, efectivos de la Guardia Republicana irrumpieron en la vivienda de un hombre de 66 años en barrio hipódromo (Maldonado), lo sacaron de la cama y lo obligaron a entregar su teléfono celular. La supuesta orden que justificaba el allanamiento había llegado a través de un audio de WhatsApp.
El operativo estaba vinculado a una rapiña ocurrida en una estación de servicio de ANCAP, donde los delincuentes se llevaron unos 170.000 pesos. La Policía sospechaba que uno de los involucrados vivía en el predio, pero no sabía con certeza si era en la casa del frente o en la del fondo. Aun así, decidieron entrar a ambas.
Debido a una caída del sistema informático judicial, la Fiscalía de 3º Turno solicitó la orden por mensaje de voz, alegando urgencia por la gravedad del hecho. La jueza de turno aprobó el pedido y dio vía libre al ingreso, sin precisar exactamente qué vivienda debía registrarse.
El resultado fue un completo error. El jubilado allanado no tenía relación alguna con el robo; su casa fue dañada durante la irrupción y terminó con un gran susto. Tras el episodio, la Policía ofreció disculpas y prometió cubrir los costos de reparación.
El 4 de septiembre, un juez declaró ilegal el procedimiento. La Fiscalía apeló, pero el 30 de octubre el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno confirmó el fallo. En su resolución, los magistrados señalaron que “se optó por el camino más fácil, allanarlo todo, afectando garantías básicas del sistema judicial”.
El fallo destacó además que el jubilado fue víctima de una acción “altamente invasiva” y subrayó que los investigadores debieron “agotar los esfuerzos” para definir cuál era la finca a registrar antes de intervenir.
El caso dejó una lección evidente: la urgencia no puede sustituir el rigor del proceso legal. En tiempos de tecnología y prisas, la justicia recordó que las órdenes judiciales no se dictan por mensaje de voz, y que el respeto a las garantías ciudadanas no puede quedar en espera, ni siquiera cuando el sistema “se cae”.