Yamandú Orsi: “El contrato con Cardama fue una trampa”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió directamente al caso Cardama, la empresa española contratada para la construcción de patrulleras para Uruguay, y sostuvo que las irregularidades detectadas obligan al Estado a actuar con firmeza.

Orsi explicó que el episodio se activó cuando un notario español advirtió que un documento presentado en el proceso estaría falsificado, lo que llevó a la administración a frenar los avances y evaluar la situación. “Cuando la realidad te muestra que hay cosas que no pueden transcurrir, porque hay fraude o algo similar, no tenemos más remedio que denunciarlo”, afirmó.

El mandatario subrayó que el objetivo no es “atacar a nadie”, pero sí proteger los intereses del país. “El Uruguay se tiene que defender de acciones de este tipo. Acá la transparencia antes que nada, la defensa de los recursos del Uruguay antes que nada, y por supuesto la defensa de nuestro mar territorial”, insistió.

Frente a la pregunta realizada por Cadena del Mar sobre una posible participación de jerarcas uruguayos en las irregularidades, Orsi fue categórico: “No, no me imagino eso”. Aclaró que mantiene un “diálogo fluido” con quienes ocuparon cargos en los ministerios vinculados al proyecto y descartó responsabilidades políticas directas.

Sin embargo, señaló con firmeza a Astilleros Cardama, asegurando que “hubo una empresa que no se portó bien”. No profundizó en detalles, pero sostuvo que el comportamiento empresarial fue incorrecto para con el Estado uruguayo y que eso debe corregirse.

Orsi también cuestionó la estructura del acuerdo firmado con Cardama y calificó el formato del contrato como “una trampa”. Manifestó su preocupación por cómo fue definido y llamó a estar “muy alertas” respecto a los procesos de certificación, especialmente cuando se utiliza una carta de crédito, lo que —dijo— implica riesgos importantes.

El Presidente señaló que ahora corresponde actuar con “mucho análisis frío” y que tanto la Justicia como la jurídica de Presidencia de la República deberán evaluar y encauzar el proceso para que el país pueda finalmente contar con las patrulleras operativas.

Según el mandatario, el caso Cardama representa un ejemplo claro de por qué el Estado debe estar preparado para defenderse de prácticas irregulares en contratos internacionales.