Williman sobre el caso Penadés: "Espero que se resuelva con prudencia y celeridad"

Williman destacó la importancia de abordar estos casos con una perspectiva de género desde el principio de la investigación para determinar si se trata de un homicidio agravado por esa circunstancia. Lamentó que a menudo llegan tarde a estas situaciones y su trabajo se centra en apoyar a las familias de las víctimas.

El abogado también mencionó la necesidad de que el Estado asegure los derechos de los familiares de las víctimas y evite la impunidad en casos tan graves. Señaló que la prevención es fundamental y que todos los que trabajan en servicios educativos, médicos y sociales deberían estar preparados para detectar situaciones de abuso y violencia de género.

Williman discutió la colocación de tobilleras electrónicas en casos de menores y señaló que no suelen solicitar esta medida, ya que no siempre es efectiva en la prevención de delitos. Destacó que es importante abordar la problemática desde diferentes perspectivas y ofrecer apoyo a las víctimas y a los victimarios.

"Nosotros habitualmente no solicitamos medidas de colocación de tobillera para menores de edad. La acordada de la corte existe lo que dice la Asociación a Magistrados es técnicamente cierto"

"Nosotros lamentablemente tenemos casos que aún con tobillera colocada ha sucedido que las rompen y se las quitan, que es obviamente un delito nuevo, porque así la LUC lo previó la destrucción de la tobillera, si genera un tiempo más, no necesariamente lo va a evitar, o sea que es una medida más, no digo que no es buena, creo que es útil, es muy útil en la mayoría de los casos". 

"Pero para los mecanismos de prevención. Pasamos solo por la colocación de tobilleras, sino por el trabajo, con las eventuales víctimas de violencia de género, doméstica y con las eventuales victimarios, no porque el trabajo en serio, el trabajo, el punto de vista psicológico, el acompañamiento, o sea, detectada esta situación. El sistema habría responder mucho más tratándose de adolescentes, porque eso debería detectarse desde el centro educativo, eventualmente en un centro de salud. O sea, evidentemente todos tendríamos que estar, todos los que participan y trabajan de alguna forma de prestación de servicios educativos, médicos, sociales, lo que se debería estar preparado para detectar".

En cuanto al caso Penadés, el abogado expresó que el sistema político y de justicia ha actuado de manera responsable y que se espera que se resuelva con prudencia y celeridad. Destacó la importancia de la transparencia en este proceso y el respeto por los derechos de las víctimas y los imputados. 

"La eficacia probatoria va a ser menor porque para considerar la credibilidad tendrá que tomar en cuenta el resto de los elementos probatorios y las circunstancias que determinaron la protección de esta declaración con identidad reservada, es decir, que lo pondera de tal manera que dice, voy a tener menos eficacia probatoria, y, o va a ser el juez especialmente riguroso al albergar esta prueba, teniendo en cuenta los otros elementos, porque la defensa técnica de los imputados tuvo una desventaja en este aspecto".

"Por eso, incluso a mí, me parece hasta correcto que algunas de las víctimas, hayan declarado sin identidad reservada, por lo menos para que haya un mix de víctimas declarando a las que se le conoce su identidad, se las escucha y se la ve perfectamente y víctimas que declararon con identidad reservada a las que se les escuchó su relato, se les pudo preguntar, repreguntar, pero nunca se conocieron sus nombres."

En cuanto a la información del caso, la evidencia recopilada de los moteles mencionados por las víctimas y la información relacionada con los métodos de pago utilizados por Penadés en dichos lugares, se han agregado recientemente escuchas telefónicas a la carpeta fiscal. Estas grabaciones vinculan a uno de los involucrados y contienen referencias claras a los delitos investigados, según fuentes de Montevideo Portal.

En una audiencia celebrada el pasado viernes 18, la Fiscalía solicitó a la Justicia la incautación de los pasaportes y teléfonos celulares de Mauvezín y Penadés, y se les prohibió abandonar el país durante 180 días. A pesar de la oposición de las defensas de los acusados, la medida fue aprobada por el Poder Judicial.

Con todos estos elementos a su disposición, que incluyen testimonios de las víctimas, escuchas telefónicas y la información proporcionada por los moteles, se espera que la Fiscalía solicite la imputación de los acusados en los próximos días. Aunque no se han programado audiencias para esta semana, no se descarta la posibilidad de que el décimo denunciante declare en una instancia de cámara Gesell, la cual será de carácter reservado.