EMPLEO
Trabajo Doméstico (Uruguay): funcionarios registrados crecieron 83% y alcanzaron los 73.400.
Casi el 9% de los hogares contrató el servicio durante 2025 y 4.334 puestos correspondieron a personas migrantes. Pese a los avances alcanzados, el BPS indicó que la informalidad todavía comprende al 42,3% de quienes desarrollan estas tareas.
El trabajo doméstico remunerado experimentó una importante expansión de su incorporación a la seguridad social durante las últimas dos décadas, aunque todavía enfrenta desafíos relacionados con la formalización, los ingresos y las prestaciones.
Un informe del Banco de Previsión Social (BPS) examinó la evolución del rubro a 20 años de la legislación aprobada en la materia.
En el año 2025, la cantidad de personas que aportaron al organismo por estas labores llegó a 73.400, lo que representa un aumento de 83% respecto a 2006.
La contratación en los hogares constituye otro de los datos relevantes: cerca del 9% recurrió a este tipo de servicio durante el período analizado. Dentro de ese universo, un 1,2% utilizó la modalidad “con cama”.
Se trata, además, de una ocupación fuertemente concentrada en mujeres, quienes representaron el 99% de las personas empleadas en 2025.
De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogida en el estudio, una de cada diez trabajadoras del ámbito privado se desempeñaba en tareas domésticas remuneradas.
La población migrante también tiene una participación significativa.
El relevamiento contabilizó 4.334 extranjeros, equivalentes al 5,9% del total de personas inscriptas. De ellos, 4.171 eran mujeres —96,2%— y 163 varones —3,8%—.
El análisis identificó un “gran dinamismo en el registro de personas migrantes”, asociado a una “nueva afluencia” procedente fundamentalmente de la región.
Desde 2017 se observa una tendencia creciente, interrumpida únicamente en 2022.
Argentina encabezó las nacionalidades extranjeras vinculadas a estas labores, con 21,4%. Le siguieron Cuba (18,1%), Perú (17,2%), Venezuela (12,9%) y Paraguay (9,7%).
El estudio también reveló diferencias al considerar las edades.
Entre las trabajadoras migrantes, la mayor representación se ubicó en la franja de 40 a 49 años, mientras que entre las uruguayas se concentró entre los 50 y 59.
En ambos grupos, la mayor proporción se situó entre los 30 y 59 años. Sin embargo, entre las extranjeras se constató una distribución ligeramente más homogénea, con mayor peso relativo en los segmentos más jóvenes.
Más allá de los progresos observados desde 2006, el BPS advirtió que todavía “queda mucho camino por recorrer”.
El organismo reconoce mejoras tanto en la incorporación al mercado formal como en el salario real, aunque persisten diferencias respecto de otras ramas laborales.
Uno de los principales desafíos continúa siendo el empleo no declarado ante la seguridad social.
Según la Encuesta Continua de Hogares considerada en el documento, esta situación alcanza al 42,3%, escenario que para el organismo evidencia una “fisura entre los derechos consagrados formalmente y su apropiación efectiva”.
A esto se suman niveles salariales y prestaciones inferiores en comparación con otros sectores, factores que forman parte de las brechas aún existentes.
Como contrapartida, el Banco de Previsión Social destacó que el trabajo sin registrar mantiene una trayectoria descendente, aunque la reducción se ha desacelerado.
Entre las posibles razones de esa evolución mencionó las facilidades de gestión y la puesta en marcha de actividades inspectivas orientadas a favorecer la incorporación al sistema formal.
Imagen ilustrativa: Cadena del Mar.