INSTITUCIONALIDAD
Suprema Corte de Justicia: Dr. Álvaro França fue designado nuevo Ministro tras amplio acuerdo político.
La Asamblea General respaldó al Magistrado por 102 votos en 104 legisladores presentes. La sesión permitió cubrir la vacante generada por el cese del Dr. Tabaré Sosa Aguirre y evitó que el cargo se resolviera por el criterio automático de antigüedad.
El Parlamento completó una definición institucional relevante y designó al Dr. Álvaro José França Nebot como nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), luego de un acuerdo político amplio alcanzado sobre el límite del plazo constitucional previsto para cubrir la vacante.
La Asamblea General había recibido el mensaje de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con el artículo 250 de la Constitución de la República, que comunicaba el cese como Ministro de dicha corporación del Dr. Tabaré Sosa Aguirre.
A partir de esa vacante, el sistema político abrió una negociación que se aceleró en los últimos días, cuando estaba próximo a cumplirse el plazo de 90 días que la Constitución concede al Parlamento para acordar una designación en el máximo órgano del Poder Judicial.
El entendimiento permitió que França Nebot fuera respaldado por 102 votos en 104 legisladores presentes, en una sesión extraordinaria de la Asamblea General.
El nuevo Ministro prestó juramento al cargo ante el Parlamento.
La designación también evitó que se activara el mecanismo automático por mayor antigüedad, previsto para los casos en que no existe acuerdo político.
Bajo ese criterio, quien estaba en condiciones de acceder a la Suprema Corte de Justicia era la Dra. María del Carmen Díaz, Ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° Turno.
Esa posibilidad había generado reparos en ámbitos políticos y judiciales.
Según fuentes del Poder Ejecutivo citadas por los colegas periodistas de El País, a la Torre Ejecutiva llegaron planteos de preocupación vinculados a criterios y posiciones jurídicas sostenidas por Díaz en distintas sentencias, considerados equívocos por quienes trasladaron esas inquietudes.
Ese escenario impulsó contactos entre el gobierno, el oficialismo y la oposición para encontrar un nombre capaz de reunir apoyos transversales y evitar que la integración de la Suprema Corte de Justicia quedara definida únicamente por el criterio de antigüedad.
La resolución será comunicada a la Suprema Corte de Justicia, completando así el trámite institucional correspondiente.
El acuerdo adquiere además un valor político particular, en un Parlamento que durante años tuvo dificultades para consensuar otras designaciones relevantes, como la elección de un Fiscal de Corte titular.