Orden urbano
Ruidos bajo control (San José): destruyeron 330 escapes y mantienen otros 500 incautados.
La Intendencia profundizó los controles contra motos y vehículos con caños modificados, una práctica asociada a contaminación sonora, molestias vecinales y maniobras peligrosas. El operativo forma parte de una línea más dura de fiscalización que también alcanza picadas y conductas temerarias en la vía pública. Las imágenes de los colegas periodistas de San José Ahora, son elocuentes.
El descanso de los vecinos, la seguridad en las calles y el uso responsable de los vehículos volvieron a quedar en el centro de la Agenda Departamental en San José.
La Intendencia resolvió avanzar con una medida concreta contra los caños de escape ruidosos, un problema que desde hace tiempo genera reclamos por contaminación sonora, circulación irregular y afectación de la convivencia urbana.
En ese marco, el gobierno departamental destruyó 330 caños de escape que habían sido incautados por el cuerpo inspectivo en procedimientos de tránsito realizados desde agosto de 2024.
La intervención fue informada por medios locales y se concretó como parte de los operativos dirigidos a retirar de circulación elementos no reglamentarios utilizados para aumentar el ruido de motos y otros vehículos.
La medida no será aislada.
La Intendencia Departamental mantiene otros 500 escapes retenidos, que también podrían ser destruidos en una próxima instancia, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.
El volumen de piezas incautadas muestra la magnitud del fenómeno y la continuidad de los controles en distintos puntos del departamento.
El tema se inscribe en una política más amplia que San José viene endureciendo frente a las llamadas picadas, las maniobras imprudentes y los vehículos que circulan con escapes libres, recortados o modificados.
En junio, la Junta Departamental aprobó una normativa que amplía las herramientas de fiscalización y habilita a la Intendencia a actuar con mayor firmeza ante conductas consideradas peligrosas para la circulación y la convivencia ciudadana.
La nueva regulación prevé, entre otras medidas, la posibilidad de incautar vehículos por hasta 90 días cuando se constate participación en competencias no autorizadas, maniobras temerarias, obstrucción de la circulación, riesgo para terceros, daños a bienes públicos o privados, ruidos molestos o contaminación sonora.
También se establecen sanciones complementarias, sin perjuicio de las multas que correspondan.
El trasfondo no es solamente administrativo.
Para muchos vecinos, el ruido excesivo de escapes alterados afecta el descanso, la salud cotidiana y la tranquilidad de barrios enteros, especialmente durante la noche o la madrugada.
Para las autoridades, además, suele estar asociado a otras conductas de riesgo, como aceleraciones bruscas, circulación en grupos, picadas y maniobras que comprometen la seguridad vial.
En marzo, operativos coordinados entre la Intendencia y la Policía en San José de Mayo, Libertad y Ciudad del Plata terminaron con 35 motos incautadas y más de 100 contravenciones, en un contexto de creciente preocupación pública por las picadas y las motos ruidosas.
La destrucción de los escapes incautados busca enviar una señal de cumplimiento efectivo: no se trata solo de retirar momentáneamente una pieza irregular, sino de impedir que vuelva a ser utilizada.
En esa línea, la fiscalización apunta a cortar el circuito de reincidencia y reforzar la idea de que circular en la vía pública exige respetar normas de tránsito, niveles de ruido y condiciones mínimas de seguridad.
San José marca así una postura más severa frente a una problemática que también aparece en otros departamentos del país.
La convivencia vial no depende únicamente de controles puntuales, sino de una combinación de sanciones, presencia inspectiva y responsabilidad de los conductores.
Con los escapes destruidos y otros cientos bajo custodia, la Intendencia busca transformar los reclamos vecinales en acciones visibles sobre el territorio.
Imágenes: San José Ahora.