DERECHOS
Personas con Discapacidad (reclamo): acceso gratuito al transporte previsto por ley desde hace 16 años.
Ciudadanos con síndrome de Down, trastorno del espectro autista (TEA) y ceguera, impulsan una acción para acceder al “pase libre” en el transporte. El beneficio está reconocido por la Ley número 18.651, pero los reclamantes sostienen que aún no puede tramitarse por falta de implementación; extremo detallado por el colega periodista Agustín Magallanes para El País.
Un grupo de unas 40 personas con discapacidad promovió un reclamo contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para acceder al denominado “pase libre” en el transporte colectivo nacional.
El artículo 83 de la Ley número 18.651, aprobada en el año 2010, establece que las empresas de transporte colectivo terrestre de pasajeros deben trasladar gratuitamente a las personas con discapacidad.
Sin embargo, quienes impulsan la iniciativa sostienen que el beneficio continúa sin aplicarse plenamente.
El decreto número 176/021 dispuso que el acceso al carnet de transporte gratuito debe tramitarse mediante una dependencia del MSP encargada de certificar la discapacidad.
Según los reclamantes, ese mecanismo aún no funciona, lo que impide concretar las solicitudes; extremos detallado a través de entrevistas realizadas por el colega periodista Agustín Magallanes de El País.
Tras presentar una petición administrativa ante el Estado a mediados de mayo y no obtener respuesta dentro de los plazos previstos, los solicitantes resolvieron avanzar por la vía judicial.
Antecedente jurisdiccional:
La situación tomó impulso luego de que Felipe Freire, un joven con autismo, obtuviera hace aproximadamente un año y medio un fallo favorable para acceder al pase libre.
A partir de ese antecedente, su padre, Andrés Freire, continuó promoviendo el reclamo a través de la Coordinadora Pase Libre Nacional.
La Fundación ProBono se sumó posteriormente brindando patrocinio legal. Actualmente, el estudio Guyer & Regules prepara una acción judicial colectiva que contempla 37 casos.
Historias detrás del reclamo:
Entre los demandantes se encuentra Guillermo, de 27 años, quien perdió la visión hace dos años y vive cerca de Cuchilla Alta (Canelones).
Debido a los costos de traslado dejó de asistir al Centro Tiburcio Cachón del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), donde realizaba rehabilitación.
“No estamos exigiendo nada de arriba. Es un derecho que tenemos”, afirmó.
También participa Julio, de 47 años, ciego desde hace tres décadas y residente en Salto.
Su objetivo es cursar la Licenciatura en Historia en Montevideo y certificarse como profesor de sistema braille, aunque asegura que sin recursos para trasladarse ese proyecto resulta inviable.
Emiliano, de 21 años, con síndrome de Down, estudia, practica judo y juega al fútbol en Peñarol Inclusivo.
Su madre, Ester, sostuvo que la familia solo puede afrontar dos viajes mensuales y remarcó que existe una ley que no se está cumpliendo.
Alan, también de 21 años y con TEA, vive en Montevideo.
Su madre, Patricia, cuestionó las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a traslados interdepartamentales y consideró que sus derechos están siendo vulnerados.
Por su parte, Maite, de 23 años, con síndrome de Down y residente en Costa Azul, tiene limitadas sus posibilidades de estudio e integración social porque su familia no puede afrontar los costos de viaje hacia las instituciones. Su madre, Susana, entiende que acceder al beneficio “le va a dar opciones” y mejorar significativamente su autonomía.
Los reclamantes sostienen que la falta del pase libre limita oportunidades de rehabilitación, educación, inserción laboral y participación en actividades deportivas y sociales.
La normativa nacional y los compromisos internacionales asumidos por Uruguay respaldan claramente el reclamo y el precedente judicial obtenido por Felipe Freire debería aplicarse a casos similares.
Información base: El País.
Imágenes: Cadena del Mar