PLATAFORMA REIVINDICATIVA
Paro (Registros Públicos): detienen actividades jueves y viernes.
La medida fue definida por la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay. Durante ambas jornadas no habrá atención al público, con excepción de los trámites que tengan vencimiento en el día. La medida comienza este jueves 23 de abril.
El funcionamiento del sistema registral —clave para la seguridad jurídica de operaciones como compraventas, certificaciones y trámites notariales— se verá parcialmente interrumpido esta semana en Uruguay, en medio de un conflicto laboral que continúa sin resolución a nivel gubernamental.
La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay resolvió en asamblea llevar adelante un paro total de actividades los días jueves 23 y viernes 24 de abril, en reclamo de definiciones vinculadas a la reestructura del sector, la regularización de contratos y el financiamiento de esos vínculos laborales.
La decisión fue adoptada el miércoles 22, en una instancia en la que también se evaluó la falta de avances en las negociaciones con el Poder Ejecutivo.
Durante las dos jornadas de paralización no habrá atención al público, limitándose la operativa exclusivamente a la gestión de vencimientos diarios.
El escenario se da tras una serie de acciones previas impulsadas en marzo por la Dirección General de Registros (DGR), en el marco de la misma problemática.
En paralelo, el gremio estableció como fecha límite el 4 de mayo para recibir una respuesta concreta por parte del gobierno.
De no registrarse avances sustanciales, la organización dejó planteada la posibilidad de intensificar las medidas.
Entre las acciones en evaluación se incluyen la suspensión total de recepción y entrega de documentación, la interrupción de consultas por cualquier vía, la paralización de certificaciones y trámites, así como la no resolución de observaciones.
También se prevé ampliar la visibilidad pública del conflicto.
La resolución no descarta, además, la ocupación de oficinas registrales y dependencias administrativas, medidas que podrían sostenerse en el tiempo "en caso de persistir la falta de respuestas", lo que implicaría un impacto creciente en la operativa cotidiana de usuarios, profesionales y actividades vinculadas al sistema jurídico y comercial del país.