Derechos deportivos

Orsi pide cautela: Estado sale de la puja por derechos del fútbol.

El presidente Yamandú Orsi considera que las negociaciones por los derechos de transmisión del fútbol uruguayo deben quedar en manos privadas, mientras Antel evalúa ingresar al proceso. El foco, dice Orsi, debe estar en garantizar acceso, transparencia y equilibrio para la ciudadanía.

La reciente ruptura del contrato entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa Tenfield dejó abierta una nueva etapa para los derechos de televisación del fútbol uruguayo.

Desde 2026, el escenario cambiará y nuevas empresas podrán competir por esos derechos, entre ellas, posiblemente, la estatal Antel.

El Vicepresidente de la empresa, Pablo Álvarez, fue claro, Antel debería ir por los derechos, incluso en exclusividad.

La Vicepresidenta Carolina Cosse respaldó la intención, resaltando que sumar contenido deportivo al portafolio de la empresa sería estratégico.

Sin embargo, el Presidente Yamandú Orsi adoptó una postura más cautelosa. Desde Brasil, donde participó en la cumbre del BRICS, advirtió que el Estado no debe convertirse en un actor más del mercado, sino asegurar que el proceso sea transparente y que la ciudadanía tenga amplio acceso a los contenidos.

 “El fútbol tiene intereses muy duros, muy complicados”, declaró, sugiriendo que lo mejor es que la puja quede en manos de los privados, mientras el Estado supervisa.

El interés de Antel no es menor. Se estima que una oferta por los derechos podría rondar los 200 millones de dólares. La dimensión de esa inversión obliga a analizar con precisión los costos, beneficios y riesgos, especialmente tratándose de recursos públicos.

La propuesta ya generó debate político. Desde algunos sectores del oficialismo se apoya la intervención estatal como herramienta para democratizar el acceso al deporte.

Por el contrario, voces críticas sostienen que Antel no debe desviarse de su rol principal ni comprometer sus finanzas por una movida con tintes populistas.

Mientras tanto, la AUF prepara una licitación abierta para el segundo semestre del año, y el resultado marcará el rumbo del fútbol en pantalla para los próximos años.

La discusión está sobre la mesa: ¿debe el Estado competir en el mercado de contenidos deportivos, o debe limitarse a garantizar que el juego sea justo para todos?

Orsi, por ahora, propone lo segundo: "Que el Estado observe, evalúe, y defienda el interés colectivo, pero sin entrar a la cancha."