A partir de marzo
Menores infractores recibirán formación en unidades militares como alternativa a la reclusión.
Un programa piloto permitirá que adolescentes internos en el INISA (Instituto Nacional de Inclusión Adolescente) completen su educación secundaria y aprendan oficios en unidades del Ejército. La iniciativa busca promover su reinserción social y reducir la reincidencia delictiva.
A partir de marzo de este año 2026, un grupo reducido de menores infractores comenzará un programa piloto en unidades militares para recibir formación académica y profesional.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Defensa Nacional junto al Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (INISA), tiene como objetivo capacitar a jóvenes que hayan cometido delitos graves pero que no estén vinculados con problemas de drogas, ofreciéndoles una alternativa constructiva a la reclusión tradicional.
El programa incluirá la finalización de la educación secundaria y la enseñanza de oficios dentro de instalaciones del Ejército, con la participación siendo completamente voluntaria.
Un primer grupo de aproximadamente 30 varones internos en el INISA será parte de esta iniciativa, que se desarrollará principalmente en la Colonia Berro, el principal centro de rehabilitación para adolescentes en conflicto con la ley.
La propuesta, habilitada en la ley de Presupuesto aprobada a fines de 2025, busca abordar la problemática de la delincuencia juvenil desde una perspectiva de resocialización.
Según las autoridades, este es un "viejo anhelo" para proporcionar herramientas que faciliten la reinserción de estos jóvenes en la sociedad. Sin embargo, la medida ha generado debate sobre la conveniencia de involucrar a las Fuerzas Armadas en procesos de rehabilitación juvenil.
El Presidente de la República, Yamandú Orsi y la Ministra de Defensa, Sandra Lazo, respaldaron públicamente la iniciativa, destacando su potencial para transformar vidas y reducir la reincidencia delictiva.
El proyecto también enfrenta críticas, especialmente en casos de jóvenes vinculados a delitos graves como el sicariato o actividades ilícitas lideradas por menores extranjeros, cuya peligrosidad plantea desafíos adicionales para su rehabilitación.