Rodrigo Blás (PN): calificó de "disparate" el fallo de la JUTEP contra Azucena Arbeleche.

Este jueves 5 de marzo, el Representante de la Cámara Alta, Rodrigo Blás, reaccionó con dureza ante el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) que, con votos de la mayoría oficialista, determinó que la ex titular de la Cartera de Economía, Azucena Arbeleche, violentó normas de conducta pública.

A través de sus redes sociales, Blás calificó el dictamen como un "disparate" y acusó al organismo de haber perdido credibilidad desde que, según sus palabras, los representantes del Frente Amplio "decidieron juzgar todo según el color político de quién es juzgado".

El eje de la controversia radica en una resolución firmada por Arbeleche en agosto del año 2022, que otorgó beneficios fiscales a la empresa Lanafil S.A., donde el cónyuge de la ex jerarca se desempeña como gerente general.

Mientras que la JUTEP sostiene que la ex Ministra debió "excusarse" para evitar un conflicto de intereses —citando artículos del Código de Ética en la Función Pública—, el Senador Blás argumentó que la firma de Arbeleche no fue un acto discrecional, sino un "acto reglado".

Según esta postura, al cumplirse los requisitos legales de la Ley de Inversiones (COMAP), la precitada no tenía la potestad de negar el beneficio, lo que anularía cualquier margen de beneficio personal o desviación funcional.

Asimismo, el líder del sector Unión y Cambio desestimó la vinculación directa de la ex funcionaria nacional con la firma beneficiada. Blás puntualizó que Lanafil no pertenece a Arbeleche ni ella trabaja en la misma: "El vínculo que se le imputa no cabe; su marido es un empleado, ni dueño ni socio", enfatizó el Senador, alineándose con el voto discorde del vocal nacionalista Luis Calabria, quien sostuvo que la actuación de la exjerarca se desarrolló "acorde a Derecho" y sin beneficio personal.

La resolución de la JUTEP, aprobada el pasado 26 de febrero con los votos de la Presidenta Ana María Ferraris y el Vicepresidente Alfredo Asti, ratifica que la prohibición de intervenir en asuntos con vínculos familiares es "absoluta" y no requiere que exista una ilegalidad de fondo.

Por su parte, Arbeleche presentó descargos asegurando que negar el beneficio hubiera sido un acto arbitrario e ilegítimo. El debate, que ahora toma un fuerte tinte parlamentario, vuelve a poner en el centro de la escena la interpretación de los límites éticos y la imparcialidad de los organismos de control en el cierre del ciclo de gobierno.