"PELUDO" ÁLVAREZ
Conflicto legal entre hermanos sacude al Grupo Ramón C. Álvarez: denuncias de encubrimiento y millonarios desvíos contra el magnate nombrado por Astesiano.
El artífice principal del puente de La Barra (dañado), es acusado en al menos siete demandas judiciales cruzadas, donde Lourdes Álvarez reclama que su hermano, Eduardo Álvarez Carugatti alias "Peludo", principal accionista de la constructora RCA, le oculta ganancias y desvía fondos. Él responde que miente y quiere perjudicarlo; mientras la justicia designa veedora. La colega periodista Natalia Roba para El Observador, posicionó un tema candente sobre el histórico y acaudalado proveedor del Estado Nacional y Departamental, "amigo del poder". Quien "proporciona desde motos de agua hasta el servicio 'gratuito' de aviones, en altas esferas", señalan a periodistas de Cadena del Mar.
La empresa RCA (Ramón C. Álvarez), habitual contratista del Estado en obras viales y otros rubros, se ve nuevamente envuelta en disputas, esta vez, tal cual lo consigna la colega Natalia Roba vía el Observador, en un litigio de carácter judicial entre hermanos.
El núcleo del conflicto: acusaciones cruzadas entre Lourdes y Eduardo Álvarez sobre "opacidad contable", repartos injustos y desvíos de recursos.
Según la demanda presentada por Lourdes ante la justicia, Eduardo "Peludo" Álvarez, habría actuado como si la empresa fuera de su propiedad exclusiva, sin rendir cuentas ni pagar dividendos que le corresponden a ella, como socia minoritaria.
Alega que desde el año 2010 no recibe utilidades, pese a que RCA reporta resultados importantes.
Además, acusa a su hermano Eduardo, de emplear una red de empresas vinculadas para generar gastos ficticios y disimular las verdaderas ganancias.
Actualmente, existen al menos siete juicios en curso entre ambos, interpuestos desde el año 2023.
En respuesta, la Sede Judicial convocó a la firma KPMG para intervenir como veedora de RCA, con el objetivo de auditar operaciones y certificar transparencia contable.
El magnate Eduardo Álvarez, quien en temporada alta es visto por la isla Gorriti en una de las embarcaciones más fastuosas de América del Sur, rechaza las acusaciones.
En sus alegatos ante el Tribunal, argumenta que Lourdes utiliza el litigio como estrategia para desgastarlo como accionista mayoritario, y que los reclamos que expone carecen de fundamento.
Niega que haya ocultado utilidades, objetando la intervención solicitada por su hermana.
La disputa no se limita sólo a la empresa civil y vial Ramón C. Álvarez (RCA):
Lourdes, representada por el estudio Guyer & Regules, sostiene que Eduardo ha involucrado a empresas vinculadas a él y a la madre de sus hijos, Rocina Doce, como mecanismo para “elevar gastos” internos y disminuir la rentabilidad declarada de la firma matriz (RCA).
La señora de Álvarez, Doce Dupin, también es proveedora del estado nacional y departamental, según registros a los que accedió Cadena del Mar, en base al trabajo del Observador.
La demanda cita ejemplos concretos: transferencias internas millonarias, sociedades que operan como proveedores exclusivos, inmuebles que no aparecen en los balances y el patrimonio familiar ostentoso como chalets, campos, aviones, barcos y vehículos de lujo -entre otras cosas- de las que "el Peludo" hace uso discrecional.
El pleito entre los hermanos tiene raíces profundas: tras el fallecimiento de su padre, el prestigioso y muy querido Ramón C. Álvarez en el año 2009, la sociedad quedó bajo control familiar total, si bien la viuda, Rosa Carugatti Nicora, tuvo hasta hace una década influencia relevante sobre su hijo, afirman fuentes cercanas al área de ingenieros civiles de la Intendencia de Maldonado, a periodistas de nuestro medio.
Lourdes Álvarez, acusa y sostiene, que desde ese momento -fallecimiento de su padre-, Eduardo modificó balances y no honró acuerdos previos para la distribución de utilidades.
Reprocha además que, en asambleas de los años 2021 y 2023, haya fijado sueldos elevados (por ejemplo, 30.000 dólares mensuales) y también generado gastos sin justificación sólida.
Eduardo, por su parte, sostiene que la empresa creció bajo su gestión, que mantuvo un nivel de endeudamiento bajo y que no distribuyó todas las utilidades por una "decisión estratégica".
Refiere que, si bien existen sociedades vinculadas, su uso responde a definiciones empresariales válidas, y rechaza que se trate de una maniobra para “extraer dinero” clandestinamente.
La justicia, por ahora, se encuentra en una etapa de instrucción: ya cuenta con el informe inicial de KPMG, los planteos de ambas partes y la espera del diligenciamiento de un cúmulo de pruebas.
Los tribunales deberán definir si procede la veeduría judicial completa -entre tantas otras cosas-.
Mientras, la firma RCA mantiene su actividad operativa habitual, con contratos asignados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gobiernos departamentales y proyectos de infraestructura a escala nacional e internacional.
Este episodio revela que no siempre la pelea en obras estatales involucra contratistas versus Estado: a veces las disputas comienzan puertas adentro, entre socios con lazos familiares, cuyas diferencias trascienden lo administrativo y revelan tensiones profundas en sociedades con gigantescos contratos públicos.
Ampliaremos sobre el eje Rivera, Colonia, Canelones, Maldonado y Rocha, en la próxima entrega de "Cadena Investiga", con detalles íntimos sobre descendencia oculta, tierras, estaciones de servicio, amarras, hangares, soja, aeropuertos, peajes, lagos, retail, casinos y más estructuras comerciales paralelas vinculadas y asociadas.
Imágenes: Archivo IDS