TENSIÓN LÁCTEA
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea lanza advertencia ante despidos, cierres y uso de fondos públicos en el sector
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea anunció una sesión permanente frente a la decisión de Conaprole de cerrar la planta 14 de Rivera. También expresó preocupación por el futuro de Granja Pocha, CALCAR y el uso de fondos del FRIL.
En un comunicado emitido este martes, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) declaró el estado de alerta y anunció que permanecerá en sesión permanente tras conocerse la intención de la empresa Conaprole de cerrar su planta número 14, ubicada en el departamento de Rivera.
La medida fue tomada por la dirección del gremio en una reunión realizada durante la jornada, y se da en un contexto de alta incertidumbre para el sector, con varios focos de conflicto simultáneos. Uno de ellos es la situación de la multinacional LACTALIS PARMALAT en la planta Colonial Granja Pocha, donde se está evaluando una eventual reapertura con condiciones zafrales y posibles rebajas salariales. FTIL aseguró que se mantiene expectante y en vigilancia frente a estos anuncios, que fueron realizados en una instancia del Ministerio de Trabajo.
En este sentido, la federación anunció que observa con atención la reunión que tendrá lugar el próximo jueves 3 de julio entre representantes de Granja Pocha y del gremio de Conaprole (AOEC) en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), instancia clave para definir el rumbo de esa planta y las condiciones laborales futuras.
Además, FTIL expresó su inquietud por el proceso de remate de la planta CALCAR, advirtiendo que cualquier proyecto futuro debe priorizar el mantenimiento de los puestos laborales. En este punto, el sindicato fue enfático al reclamar a las autoridades que garanticen que los recursos del Fondo Rotatorio de Inversión Láctea (FRIL) no sean usados para fines contrarios a los que motivaron su creación. "Los fondos fueron pensados para reconvertir la industria láctea, no para reprimir a trabajadores ni despedir familias en Cerro Largo", afirmó el gremio.
El comunicado cierra con una exhortación a las autoridades a tomar medidas concretas ante lo que consideran una “mala utilización de fondos públicos” y a exigir responsabilidad a empresarios y empresas que afectan la estabilidad del sector y el bienestar de sus trabajadores.