AGUA CLARA

Convenio entre OSE y el BID busca atacar el problema del arsénico y los lodos en el agua potable

La Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con vigencia hasta 2028, para abordar el tratamiento de residuos del proceso de potabilización en todo el país, con foco en los lodos y el arsénico. El acuerdo se enmarca en un programa más amplio que busca mejorar la calidad del agua para todos los uruguayos.

OSE y el Ministerio de Ambiente anunciaron este 8 de junio un acuerdo clave para el futuro del agua en Uruguay. En el marco del Día Mundial del Ambiente, ambas instituciones sellaron un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se extenderá hasta 2028 y busca fortalecer la capacidad nacional para el tratamiento de residuos derivados del proceso de potabilización del agua, especialmente los lodos y el arsénico.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, explicó que el convenio permitirá trabajar de forma progresiva en la detección, evaluación y tratamiento de estos residuos en todo el territorio. “Ya estamos trabajando en cómo se tratan los lodos y los niveles de arsénico en diferentes zonas. Ahora articularemos con las intendencias para definir la disposición final adecuada de esos residuos”, dijo en declaraciones a Radio Monte Carlo.

Ferreri destacó la importancia del respaldo técnico del BID, que aportará al diseño de soluciones a medida en zonas críticas del país. Esta cooperación forma parte de un programa más amplio, de 30 millones de dólares, destinado a mejorar la calidad del agua en las áreas más afectadas por contaminantes como el arsénico. “El objetivo no es solo garantizar el acceso al agua, sino asegurar que sea agua de calidad”, subrayó.

La iniciativa también se inscribe en un contexto de desafíos financieros para OSE. Ferreri confirmó que la empresa estatal enfrenta un descalce financiero de 55 millones de dólares y necesita avanzar hacia una modernización estructural y tecnológica. En ese sentido, el convenio con el BID es una herramienta clave para avanzar sin demoras en los compromisos ambientales y de salud pública.

En paralelo, OSE reafirmó su apuesta por el proyecto de la represa de Casupá, una obra que el gobierno considera prioritaria para garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. El emprendimiento, estimado actualmente en 130 millones de dólares, será financiado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y está siendo sometido a una nueva evaluación de costos. La obra, recordó Ferreri, fue un compromiso asumido en campaña y es esencial en el nuevo plan quinquenal de inversiones.

El estudio ambiental del embalse avanza con el respaldo técnico de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), la Dirección Nacional de Evaluación y Calidad Ambiental (Dinacea), y OSE. Si bien la situación financiera de la empresa es compleja, las autoridades confían en que, con cooperación internacional y una estructura renovada, Uruguay podrá cumplir con uno de los derechos esenciales: el acceso universal al agua segura.