mensajes intimidatorios
Nuevas amenazas: advierten ataques contra docentes con armas de fuego y cuchillos en liceos de Maldonado.
Los primeros casos ya derivaron en condenas con medidas socioeducativas, mientras la Policía profundiza el trabajo para frenar la propagación de intimidaciones en liceos de Maldonado y el país.
Las recientes amenazas registradas en centros educativos de Maldonado y otras zonas del país ya comenzaron a tener consecuencias judiciales, con adolescentes imputados y medidas dispuestas por la Justicia, en un contexto que preocupa a las autoridades por su rápida expansión.
De acuerdo a la información a la que accedió Cadena del Mar, uno de los casos más avanzados corresponde a un adolescente de 15 años que fue condenado como autor de una infracción grave de violencia privada, tras realizar amenazas en un centro educativo.
La Justicia dispuso como sanción una medida socioeducativa de libertad asistida por seis meses.
Según fuentes consultadas por Cadena del Mar, también fue identificado otro menor de 14 años vinculado a hechos similares, quien reconoció su participación ante las autoridades en presencia de sus responsables legales, lo que derivó en la intervención de organismos especializados y el seguimiento judicial correspondiente.
Las actuaciones se enmarcan en una serie de episodios que se vienen replicando en distintos centros educativos, incluidos liceos de Maldonado, donde ya se habían reportado amenazas en instituciones como el Liceo Departamental, el Liceo N° 3, el de Punta del Este y Pan de Azúcar.
Las autoridades manejan la hipótesis de un “efecto contagio”, en el que este tipo de conductas se replica entre adolescentes, muchas veces con motivaciones vinculadas a evitar la asistencia a clases, aunque el impacto institucional y social es considerado grave.
En ese sentido, la Policía continúa trabajando en el análisis de las amenazas —muchas de ellas realizadas mediante pintadas o mensajes— con el objetivo de identificar a todos los involucrados.
La investigación incluye pericias técnicas, relevamiento en centros educativos y coordinación con Fiscalía.
Fuentes del caso indicaron que cada episodio denunciado es tratado como una situación real, activando protocolos de seguridad y despliegues preventivos, mientras se avanza en la individualización de los responsables.
Las autoridades han sido claras en señalar que este tipo de acciones no son consideradas bromas, sino conductas sancionables que generan alarma pública y afectan el normal funcionamiento del sistema educativo.
