Funcionarios registrales (Conflicto): dan plazo al Gobierno y advierten posibles medidas.

La tensión en el sistema registral escaló en las últimas horas, con una advertencia gremial que pone fecha límite al Gobierno y abre la posibilidad de medidas que podrían afectar la atención en oficinas de todo el país, según a la información que accedió Cadena del Mar.

El reclamo se centra en la falta de avances en la reestructura de la Dirección General de Registros, la continuidad laboral de personal contratado por la Corporación Nacional para el Desarrollo y el deterioro de recursos humanos e infraestructura informática.

El gremio sostuvo que la situación de los Registros Públicos atraviesa un punto crítico, marcado por falta de personal, carencias presupuestales, sistemas informáticos vulnerables y ausencia de soluciones definitivas en la Rendición de Cuentas.

Según La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU), ni la Ley de Presupuesto del quinquenio ni el actual proyecto presupuestal incluyeron artículos destinados a atender los “graves problemas de Recursos Humanos” ni los gastos de funcionamiento que afectan al organismo.

La preocupación central está puesta en la reestructura que la Dirección General comenzó a impulsar el año pasado y que, según el comunicado, había sido respaldada por los dos gremios registrales.

AFRU afirma que el Gobierno se había comprometido a encaminar esa transformación durante este ejercicio, con el objetivo de corregir inequidades salariales y ordenar la situación funcional, pero entiende que el proceso “camina en forma muy lenta para los intereses de los funcionarios registrales”.

El escenario se agravó, de acuerdo con la organización, por la situación de trabajadoras contratadas a través de la CND, cuyos vínculos laborales vencen el 31 de agosto de 2026. El sindicato advierte que, hasta el momento, no existe una solución que permita cubrir esos contratos hasta diciembre y reclama que se cumpla el compromiso asumido de “mantener y costear los presentes contratos” hasta que la reestructura quede efectivamente implementada.

AFRU también puso el foco en el deterioro progresivo de la plantilla. En el documento, el gremio señala que los Recursos Humanos de la DGR “cada vez son menos” y que, año a año, se pierde entre un 10 y un 20 % de funcionarios permanentes, principalmente por jubilaciones. A eso suma la falta de llamados a concurso de ingreso y de ascenso, instancia que define como “un derecho del trabajador y una obligación de la Administración”.

Otro de los puntos sensibles refiere a la seguridad informática. La asociación denunció que los sistemas de la Dirección General de Registros son obsoletos y afirmó que fueron hackeados, situación que —según el gremio— expone la seguridad jurídica de la información registral a riesgos de daño, pérdida o inexactitud.

Para AFRU, esa vulnerabilidad no solo afecta a los trabajadores, sino también a usuarios, profesionales y actores que dependen de registros confiables para operar con garantías.

Ante este panorama, la Asamblea resolvió declararse en preconflicto por Recursos Humanos y por soluciones definitivas para todos los Registros del país, con el objetivo de brindar al usuario un servicio “de calidad y seguro”. Además, decidió trasladar la situación a la opinión pública, a la prensa, a los usuarios y al Parlamento Nacional.

El gremio otorgó plazo al Gobierno hasta el lunes 13 de julio para que se habiliten los rubros económicos necesarios que aseguren la continuidad laboral de los trabajadores contratados por la CND, al menos hasta la implementación definitiva de la reestructura.

También exige que se comuniquen, por canales oficiales, los avances reales del estudio de la propuesta y una previsión concreta sobre su puesta en marcha.

Si vencido ese plazo no hay soluciones, AFRU advierte que podrá adoptar medidas distorsivas del servicio, intermitentes o diferenciadas. Entre las posibilidades mencionadas figuran la no atención al público en oficinas registrales, la realización exclusiva de tareas internas y la atención únicamente de vencimientos y caducidades. La Mesa Directiva quedó facultada para agravar o levantar las acciones según el avance de las negociaciones.

El comunicado también plantea una cláusula de paz: el sindicato está dispuesto a dar plazo hasta la fecha indicada si el Gobierno firma un acuerdo en el que se comprometa a implementar la reestructura en un período razonable, mantener las fuentes laborales contratadas en forma atípica y asegurar los recursos económicos correspondientes. A cambio, los trabajadores asumirían el compromiso de no realizar paros por estos temas.

La declaración, firmada por Daniel Frattin, Secretario de AFRU, deja abierto un escenario de tensión en un servicio clave para la seguridad jurídica del país.