Sauce de Portezuelo
Dr. Pablo Sosa: “Hay más de 60 denuncias y esto configura una posible asociación para delinquir”.
El abogado de Paola Lapi confirmó el avance de actuaciones penales por ocupaciones irregulares en la costa y advirtió sobre una presunta estructura organizada detrás de la comercialización ilegal de terrenos.
La expansión de ocupaciones irregulares en terrenos costeros del departamento de Maldonado volvió a instalarse en la agenda pública, tras la investigación de Cadena del Mar en Sauce de Portezuelo, el Dr. Pablo Sosa, representante legal de Paola Lapi, detalló el estado de las denuncias en curso.
“Hoy estamos hablando de más de 60 denuncias en trámite en la órbita penal”, afirmó, al tiempo que advirtió que “esto ya no es un hecho aislado, sino que presenta características de una posible asociación para delinquir”.
El escenario se enmarca en una investigación más amplia que, según informes recientes, abarca más de 150 ocupaciones irregulares, donde además se analizan presuntos negocios ilegales vinculados a la venta o cesión de terrenos sin respaldo jurídico.
En paralelo, en las últimas semanas se concretaron desalojos y operativos en algunos padrones, en una señal de mayor intervención estatal.
El abogado remarcó que las denuncias comenzaron a presentarse en 2023 y que durante meses no obtuvieron respuestas, situación que comenzó a revertirse recientemente.
“Pedíamos a gritos ser atendidos por la Fiscalía y hoy finalmente hay señales claras”, expresó, valorando también la actuación policial.
En ese sentido, señaló que “la respuesta llegó tarde, pero llegó, y eso para la familia es muy importante”.
Sosa explicó que el fenómeno involucra distintos tipos de ocupaciones. Sobre los casos más recientes, fue contundente: “Hay personas que entran, ponen un alambre, dejan materiales y pretenden construir como si fueran dueños. Con esos casos no hay negociación posible”.
Añadió que “la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que actuar con firmeza, porque esto no es posesión, es usurpación”.
En contraste, reconoció que existen situaciones más complejas vinculadas a ocupaciones de larga data. “Hay gente que está hace 10 o 15 años, con viviendas precarias; esos escenarios son distintos y se analizarán por la vía civil”, indicó, abriendo la puerta a eventuales acuerdos en esos casos.
El profesional también alertó sobre un entramado que, según su visión, excede a los ocupantes individuales. “Se generó un verdadero mercado irregular donde intervienen profesionales, inmobiliarias y otros actores”, sostuvo.
Incluso relató situaciones concretas: “Nos pasó de reunirnos con una inmobiliaria que después terminó comercializando espacios dentro de los terrenos, cobrando por colocar carteles publicitarios”.
En esa línea, fue aún más enfático: “Hay una industria detrás de todo esto y no la vamos a permitir”.
Además, advirtió que podrían existir responsabilidades más amplias: “Para que alguien pueda avanzar con construcciones o trámites, necesariamente hay algún tipo de validación; ahí es donde entendemos que hay que ir a fondo”.
Respecto a la situación jurídica de los predios, Sosa explicó que pertenecen a una sociedad anónima cuyos accionistas están debidamente identificados en el ámbito judicial.
“Si un terreno figura a nombre de esa sociedad, nadie por fuera de sus titulares puede venderlo o ceder derechos”, subrayó. Y advirtió: “Cualquier negocio que se haga en esas condiciones es contrario a derecho”.
También envió un mensaje directo a quienes buscan adquirir terrenos en la zona: “El primer paso es sacar la información registral; si no coincide, hay que desconfiar”.
Según dijo, muchas operaciones se ofrecen “a valores irrisorios que claramente esconden irregularidades”.
Finalmente, destacó que el trabajo en territorio ha sido clave para detectar nuevas ocupaciones. “Se está haciendo un relevamiento permanente, terreno por terreno, con registros fotográficos mensuales que permiten identificar rápidamente cualquier intervención”, explicó.
Con audiencias ya fijadas, desalojos en marcha y más de 150 ocupaciones bajo análisis, la causa avanza hacia una etapa de mayor profundidad investigativa, donde la Justicia podría no solo determinar responsabilidades individuales, sino también desarticular eventuales estructuras organizadas detrás de la ocupación y comercialización ilegal de tierras.
