ACTUALIZACIÓN
Dr. Ignacio Barlocci (Caso Valentina Cancela): "Es una demanda para que el Poder Judicial conmemore los errores que tuvo dos veces".
La familia de la adolescente asesinada en Punta del Este presentó una acción civil contra el Estado, el femicida y su padre reclamando una reparación moral que incluya nombrar una sala o edificio judicial en su memoria. El abogado patrocinante explicó en Cadena del Mar que el objetivo central no es económico sino dejar constancia de las fallas institucionales previas al crimen y proteger la seguridad de las demandantes.
La familia de Valentina Cancela, la joven asesinada en agosto de 2023 en Punta del Este, formalizó una demanda civil contra el Poder Judicial, el autor del femicidio y el padre de este, tras culminar sin acuerdo la instancia obligatoria de tentativa de conciliación iniciada en diciembre pasado.
El abogado patrocinante de las demandantes, Dr. Ignacio Barlocci, explicó en diálogo con el programa La Mañana en Cadena que la acción judicial fue promovida por Liliana, madre de la víctima, junto a su hermana, su cuñada, su madrina y amigas cercanas, buscando una reparación simbólica frente a las omisiones registradas antes del crimen.
Respecto al alcance de la solicitud presentada ante la sede civil, el profesional detalló: "Si bien tiene un componente económico, también tiene una indemnización moral, es decir, que el Poder Judicial conmemore lo que fueron los errores que tuvo dos veces y que una de las salas, o uno de los edificios del Poder Judicial tenga el nombre de Valentina a modo de que se pueda tener presente la consecuencia de los errores judiciales".
Al repasar las actuaciones previas cuestionadas en el escrito, Barlocci señaló que "hay denuncias que un mes antes del desenlace fatal, pese a existir certificados médicos por golpes, una magistrada exigió mantener un vínculo pacífico entre las partes".
Sobre esa segunda resolución judicial, el letrado enfatizó: "Liliana denuncia que Valentina había sido golpeada con patadas en el piso, llevó certificados médicos y la jueza intimó a Valentina y a su homicida a que tuvieran un trato cordial; esos son errores y no hay forma de salvar esos errores".
Consultado sobre las razones que llevaron a impulsar esta vía paralela a la condena de diez años dictada en la órbita penal juvenil contra el responsable, actualmente alojado en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), el abogado aclaró que las expectativas de las familias rara vez quedan saldadas en el ámbito penal.
En ese sentido, manifestó: "La justicia penal nunca va a conformar las expectativas de nadie, por lo que una condena de diez años no significa que vaya a estar diez años privado de libertad".
Asimismo, Barlocci descartó que exista un afán recaudatorio detrás del reclamo contra el joven condenado —quien actualmente tiene 20 años y carece de patrimonio propio—, subrayando que el proceso implica además un fuerte desgaste emocional y preocupación por la integridad física de las mujeres involucradas, quienes debieron mudarse desde Maldonado hacia Montevideo.
Al respecto, concluyó: "Este proceso es revictimizante y tuvimos que pedir medidas de seguridad porque lo que les preocupa en este nuevo proceso es la seguridad de ellas mismas; demandar a un joven de 20 años no tiene una viabilidad económica, esto es una cuestión energética y de indemnización moral".