ACCIÓN JURISDICCIONAL
Dr. Álvaro Garcé (abogado de Clavijo Pastorini & Asociados): "La denuncia se dirige únicamente contra el autor de las afirmaciones, no contra los periodistas".
La acción jurídica se originó tras las acusaciones públicas efectuadas por el dueño de una unidad del Edificio Alborada durante el pasado mes de mayo. El caso penal quedó bajo la órbita de la Fiscalía Letrada Departamental de 5° Turno de Maldonado.
Un prolongado conflicto entre los gestores de un complejo habitacional de la península y un residente derivó en la apertura de un expediente en el ámbito judicial de la capital departamental.
Los empresarios Eduardo Peluffo y Roberto Schiavo formalizaron una denuncia a nivel penal por los delitos de difamación e injurias contra el copropietario Alejandro Luis Pedrazzoli, en respuesta a diversas declaraciones emitidas en "La Mañana en Cadena" de nuestro medio de comunicación a través de 106.5 F.M.
La causa se encuentra radicada en la Fiscalía de 5° Turno de Maldonado cuyo titular es el Dr. Jorge Vaz González, e integran su equipo sus colegas Dra. Ana Laura Barrios y Dra. Carina Fernández, donde los magistrados comenzarán con el análisis técnico de las evidencias de audio y testimonios presentados por el equipo legal de los demandantes.
El abogado y socio del estudio Clavijo, Pastorini & Asociados, Dr. Álvaro Garcé, asumió la representación legal de los administradores damnificados y ratificó el inicio del trámite procesal correspondiente.
El profesional aclaró de forma expresa que "la querella civil y penal se dirige de manera única y exclusiva contra el emisor de los comentarios agraviantes", desligando de cualquier responsabilidad al ejercicio de la libertad de prensa.
La defensa argumentó que los dichos vertidos por el copropietario el pasado 14 de mayo, relativos a presuntos sobrecostos edilicios y maniobras financieras millonarias, carecen de sustento fáctico y superan ampliamente los presupuestos reales de la copropiedad.
Garcé manifestó que "aquí lo que se ha actuado es basándonos en un derecho constitucional y en ejercicio de una figura que está expresamente prevista en el Código Penal, se ha planteado una denuncia con elementos que perfilan una muy fuerte apariencia de delito para poner las cosas en su lugar".
Asimismo, el abogado especificó en diálogo con Cadena del Mar que "no hay un interés económico de parte de Schiavo y de Peluffo; aquí lo que hay es el deseo de que se pongan las cosas en su lugar y se repare efectivamente, se ponga de manifiesto que ha habido una injusticia".
De esta forma, la disputa que se originó a partir de cuestionamientos sobre la gestión del Edificio Alborada continúa desarrollándose en distintos ámbitos judiciales, sumando la invocada denuncia penal contra el copropietario.
