Sistema penitenciario
Cambio obligado (Estados Unidos): orden judicial exige climatizar todas las prisiones de Texas antes de 2029.
Un juez federal determinó que las condiciones de calor extremo en las cárceles estatales sin refrigeración violan la protección constitucional contra los castigos crueles e inusuales. El Departamento de Justicia Criminal deberá presentar un plan inmediato y completar las obras antes del 31 de diciembre de 2029. La inversión estimada ronda los USD 1.500 millones.
Un juez federal ordenó al estado de Texas instalar sistemas de aire acondicionado en todas sus prisiones antes del 31 de diciembre de 2029, después de determinar que las temperaturas extremas que soportan miles de personas privadas de libertad en establecimientos sin refrigeración constituyen una violación de sus derechos constitucionales.
La resolución fue emitida por el juez Robert Pitman, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, luego de un extenso proceso judicial iniciado a partir de denuncias sobre las condiciones térmicas dentro del sistema penitenciario estatal.
El magistrado concluyó que mantener a los reclusos expuestos a temperaturas extremas vulnera la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.
El fallo, de unas 150 páginas, ordena al Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) elaborar e implementar de inmediato un plan para climatizar todos los establecimientos penitenciarios. Además, la agencia deberá informar al tribunal sobre los avances cada seis meses, comenzando en marzo de 2027.
El costo estimado de completar la instalación en todo el sistema asciende a aproximadamente 1.500 millones de dólares, según cifras reconocidas por la propia agencia penitenciaria.
El juez dejó expresamente establecido que las dificultades presupuestarias no podrán utilizarse como argumento para incumplir los plazos establecidos por la Justicia.
La situación afecta a una parte considerable de la población penitenciaria de Texas.
El estado alberga alrededor de 143.000 personas privadas de libertad, y, según los datos citados durante el proceso judicial, cerca de 90.000 permanecían en establecimientos o sectores sin aire acondicionado al momento del juicio.
Apenas algo más de un tercio de las instalaciones penitenciarias contaba con climatización completa a comienzos de septiembre.
El expediente judicial incluyó testimonios de personas que estuvieron detenidas en prisiones sin refrigeración y describieron episodios de descompensaciones, pérdida de conocimiento y enfermedades asociadas con las altas temperaturas.
El juez también consideró pruebas sobre fallecimientos que podrían haber estado relacionados con la exposición prolongada al calor.
El Departamento de Justicia Criminal de Texas reconoció que 23 personas murieron por causas relacionadas con el calor entre 1998 y 2012, además de tres fallecimientos adicionales registrados en 2023.
Durante el juicio, los demandantes presentaron también evidencia que, según el magistrado, resultaba creíble respecto de otras muertes ocurridas entre 2023 y 2025 en las que las altas temperaturas pudieron haber contribuido.
La agencia estatal cuestionó algunas de esas conclusiones y atribuyó determinados fallecimientos a otras condiciones médicas o al consumo de drogas.
El caso comenzó en 2023, a partir de una demanda presentada por Bernie Tiede, un hombre condenado a cadena perpetua, a la que posteriormente se sumaron organizaciones defensoras de los derechos de las personas encarceladas.
En 2025, el mismo juez ya había determinado que el calor extremo en las prisiones de Texas era inconstitucional, aunque en aquella oportunidad no había ordenado todavía la instalación generalizada de sistemas de aire acondicionado.
El estado ya había incrementado la cantidad de camas disponibles en sectores climatizados. Según el TDCJ, pasó de unas 35.000 en 2018 a 53.676 en septiembre de 2026, y la agencia prevé alcanzar las 60.000 a finales de este año y unas 90.000 en 2028.
Sin embargo, el juez consideró que el ritmo de avance era insuficiente para garantizar la climatización de todo el sistema dentro de un plazo razonable.
Tras conocerse la resolución, el TDCJ confirmó que apelará el fallo y sostuvo que ya aplica medidas destinadas a reducir los efectos del calor, como acceso a agua, duchas frías, controles de bienestar y espacios climatizados para los reclusos.
La agencia afirmó además que continuará ampliando la cantidad de camas con refrigeración.
La decisión judicial obliga ahora a Texas a acelerar un proceso que podría demandar una inversión multimillonaria y que deberá ejecutarse en los próximos tres años.
Mientras avanza la apelación, el estado deberá comenzar a preparar el plan de instalación y presentar ante el tribunal los primeros detalles sobre las obras y su financiamiento.