pericia ambiental
Argentina: La Justicia ordena pruebas preventivas por denuncia contra la planta de hidrógeno verde en Paysandú.
Legisladores peronistas denuncian que el proyecto podría no cumplir con el Estatuto del Río Uruguay. El Juez Federal aceptó la demanda y habilitó medidas anticipadas para evaluar posibles impactos ambientales.
La Justicia argentina aceptó una acción preventiva presentada por legisladores del peronismo de Entre Ríos contra la instalación de la planta de hidrógeno verde que HIF Uruguay S.A. proyecta construir en Paysandú, Uruguay.
Según el expediente al que accedieron los colegas de El País, los legisladores Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl argumentaron que el proyecto podría avanzar "sin cumplir con las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay ni con antecedentes jurisprudenciales internacionales, como el caso Botnia-UTPM".
El juez Hernán Viri respaldó la necesidad de adoptar medidas preventivas basadas en los principios de "precaución y prevención" del derecho ambiental.
En ese marco, ordenó la producción de prueba anticipada, incluyendo informes a organismos uruguayos y binacionales, un reconocimiento judicial en el área involucrada y una pericia ambiental a cargo de un biólogo designado por el tribunal.
Estas acciones buscan recabar información clave antes de que esta pueda volverse inaccesible debido a la evolución del proyecto industrial.
Por su parte, el Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, señaló que se evalúa la posible relocalización de la planta a otro punto del departamento, una medida que considera podría descomprimir tensiones con Argentina.
Olivera destacó que el gobierno uruguayo ha mostrado "sensibilidad" ante las preocupaciones ambientales y logísticas, y aseguró que se trabaja para garantizar la viabilidad del proyecto. "Si todas las externalidades son positivas, estamos en un punto que si se toma la decisión es un ganar-ganar", concluyó.
Mientras Argentina busca proteger el ecosistema del río Uruguay, nuestro país intenta consolidar la mayor inversión de su historia sin comprometer sus relaciones bilaterales. La relocalización propuesta podría ofrecer una solución que beneficie a ambas partes, siempre que se respeten las soberanías nacionales y las exigencias ambientales.