REALIDADES
Reforma Penal (El Salvador): habilitan prisión perpetua desde los 12 años.
Las modificaciones constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa entrarán en vigor el 26 de abril e incorporan penas más severas para delitos graves, en un contexto de endurecimiento de la política de seguridad y cuestionamientos de organismos internacionales.
Un cambio de alto impacto en el régimen penal de El Salvador comenzará a regir a finales de este mes de abril, cuando entren en vigencia las reformas constitucionales que habilitan la aplicación de prisión perpetua a menores de edad desde los 12 años.
La medida establece que esta pena podrá aplicarse en delitos de extrema gravedad como homicidio, feminicidio y violación.
A su vez, las reformas derivaron en modificaciones a distintas normativas, entre ellas los Códigos Penal y Procesal Penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil.
En paralelo, los cambios alcanzaron a la Ley Orgánica Judicial, transformando juzgados de menores en tribunales de lo criminal, que tendrán competencia para intervenir en causas donde pueda aplicarse la cadena perpetua.
Las reformas también contemplan la creación de un mecanismo de revisión para estos casos.
Observaciones de organismos internacionales:
La aprobación de estas medidas generó reacciones en organismos vinculados a la protección de la infancia.
El Comité de los Derechos del Niño y UNICEF expresaron su “profunda preocupación”, al considerar que los adolescentes en conflicto con la ley deben recibir un tratamiento orientado a la rehabilitación y reintegración, utilizando la privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible.
En la misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades a revisar con prontitud estas reformas, al entender que resultan “preocupantes” por su posible incompatibilidad con estándares internacionales.
El Gobierno salvadoreño no se ha manifestado públicamente ante estos planteos.
En ocasiones anteriores, ha cuestionado a organismos internacionales por considerar que priorizan los derechos de los delincuentes por sobre los de la población.
Contexto de seguridad y respaldo político:
El país se encuentra bajo un régimen de excepción vigente desde el año 2022, que ha implicado la suspensión de garantías constitucionales y la realización de detenciones masivas.
Según datos oficiales, más de 90.000 personas han sido arrestadas en este período, aunque el Ejecutivo sostiene que alrededor de un 10% fue liberado.
Estas políticas han sido objeto de cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias, señalamientos que el gobierno rechaza.
En paralelo, las autoridades destacan una marcada reducción en los índices de homicidios, históricamente vinculados a la actividad de pandillas.
El respaldo ciudadano a la gestión se reflejó en las elecciones de febrero de 2024, en las que el Presidente Nayib Bukele obtuvo más del 80% de los votos.