MEDIO ORIENTE
Ahorcamiento a Terroristas: Israel avanza hacia la pena de muerte.
El proyecto, respaldado por el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, establece la ejecución en un plazo determinado y será tratado en el pleno de la "Knesset".
La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Israel aprobó en "primera lectura" una iniciativa que habilita la pena capital —a ejecutarse por ahorcamiento— para personas condenadas por terrorismo en casos de asesinato de ciudadanos israelíes por motivos definidos como “nacionalistas”.
El texto, que ahora deberá ser considerado por el pleno de la Knesset, cuenta con el respaldo del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, según confirmó el coordinador gubernamental para la situación de los rehenes, Gal Hirsch, durante la sesión.
La propuesta, fija además un marco operativo concreto: la ejecución debería realizarse en un plazo determinado tras la sentencia, consolidando un cambio sustancial en la política penal israelí, que históricamente ha aplicado la pena de muerte en contadas ocasiones.
El alcance del proyecto ha generado cuestionamientos, lo que abre un debate jurídico y político tanto a nivel interno como internacional.
El Legislador Zvika Fogel defendió la iniciativa al señalar que constituye “una herramienta más para combatir el terrorismo y contribuir a la liberación de rehenes”, en referencia al escenario posterior a los ataques del 7 de octubre de 2023 y la situación en la Franja de Gaza, donde el grupo Hamás mantuvo cautivos.
Desde el ala más dura del gobierno, el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, celebró el avance del proyecto impulsado por su sector y sostuvo que la pena capital debería aplicarse sin margen de discrecionalidad judicial: “Todo terrorista que asesine debe saber que enfrentará la pena de muerte”, afirmó.
La iniciativa ingresa ahora en una etapa decisiva dentro del Parlamento israelí y podría marcar un punto de inflexión en su sistema legal, en medio de un escenario de alta tensión política y creciente atención internacional sobre las medidas adoptadas en materia de Seguridad y Justicia.