Empresarios rechazan cambios en ocupaciones y advierten sobre inseguridad jurídica

El sector empresarial manifestó su disconformidad con los cambios que el gobierno de Yamandú Orsi planea introducir en el decreto de ocupaciones, asegurando que estos representan un retroceso en términos de seguridad jurídica. La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), a través de su presidente Diego O’Neill, expresó su preocupación por las posibles repercusiones de la medida en la inversión y el clima laboral del país.

O’Neill recordó que la normativa vigente, implementada durante la administración de Luis Lacalle Pou a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), buscaba fortalecer la seguridad jurídica, equilibrando el derecho de huelga con la protección de la propiedad y la libertad de trabajo. Desde su implementación, señaló el empresario, no se registraron conflictos graves derivados de su aplicación, por lo que no ven razones para modificarla.

"En el período en que estuvo vigente esta disposición, no se generaron situaciones de tensión o conflicto. Las desocupaciones se llevaron a cabo de manera ordenada y civilizada", afirmó O’Neill. También puso en duda la efectividad del nuevo esquema, que permitiría la ocupación de centros de trabajo siempre que se garantice el acceso a los empleados y directivos que deseen ingresar.

"¿Quién va a querer entrar a trabajar en una planta ocupada por sus propios compañeros?", cuestionó el presidente de la CCE, quien considera que la modificación introduce un factor de incertidumbre innecesario. Además, subrayó que ni siquiera hubo una demanda expresa del PIT-CNT para modificar la normativa, lo que refuerza la percepción de que el cambio no responde a una necesidad real del sector laboral.

El debate sobre la regulación de las ocupaciones laborales sigue generando posiciones encontradas entre el gobierno, el empresariado y los sindicatos, en un contexto donde la seguridad jurídica es vista como un pilar clave para la estabilidad económica y la atracción de inversiones.