Senador Blás (Operación Trazador): “Cuando se pone en peligro la vida de policías, tiene que haber un responsable”.

La divulgación de fotografías, videos y documentación relacionada con la Operación Trazador motivó hoy miércoles 11 de noviembre una denuncia penal presentada por los Senadores Rodrigo Blás, José Luis Falero y Graciela Bianchi ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Montevideo.

Los representantes del Partido Nacional solicitaron establecer el origen de las filtraciones y determinar si existieron conductas que configuren el delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 163 del Código Penal.

El escrito, integrado por 14 páginas, reúne antecedentes de publicaciones realizadas desde el 18 de septiembre de 2026, cuando comenzaron a circular registros correspondientes a allanamientos, incautaciones y otras actuaciones vinculadas con una investigación sobre narcotráfico y lavado de activos.

La operación permitió obtener tres condenas mediante acuerdos abreviados.

Entre las personas involucradas se encontraba Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor del Edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, circunstancia que también provocó repercusiones políticas.

En declaraciones brindadas durante la jornada, Blás defendió la necesidad de recurrir al Ministerio Público y sostuvo que la divulgación de información protegida puede comprometer tanto la seguridad de los funcionarios como el desarrollo de las actuaciones judiciales.

“Todos vimos durante la Operación Trazador que aparecieron en la prensa una serie de videos reservados, elementos que hacen a la investigación, a la seguridad y al secreto de esa investigación”, expresó.

CUESTIONAMIENTOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Uno de los principales planteos del Legislador estuvo dirigido al Ministro Dr. Carlos Negro, a quien cuestionó por mantener las averiguaciones dentro del ámbito administrativo de la cartera.

Blás manifestó su preocupación por el tiempo transcurrido y puso en duda la conveniencia de que la propia estructura policial investigue hechos que, según su interpretación, podrían involucrar a integrantes de esa institución.

“Ha pasado mucho tiempo y seguimos en una investigación administrativa. No me parece que, en un hecho donde seguramente la filtración salió de la propia Policía, y quizás de sus altas esferas, sean los mismos jerarcas quienes investiguen”, sostuvo.

Estas afirmaciones constituyen una valoración del Senador y no significan que se haya determinado judicialmente la procedencia de todas las divulgaciones denunciadas.

Durante su comparecencia parlamentaria del 22 de octubre, el Ministro del Interior había reconocido la existencia de dos filmaciones relacionadas con los procedimientos.

Una de ellas fue incorporada a la carpeta investigativa, mientras que la otra estaba, o había estado, en el teléfono del Director General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Robert Correa.

El Secretario de Estado admitió que uno de esos registros había sido filtrado, aunque aclaró que distintas personas, incluso ajenas a la Policía, pudieron tener acceso al archivo.

El representante nacionalista consideró que esas circunstancias justificaban una intervención directa de las autoridades encargadas de la persecución penal.

“Esto tiene que investigarlo Fiscalía. Negro debió haberlo pasado antes y, como eso no sucedió, lo hacemos nosotros”, afirmó.

También rechazó las dificultades planteadas por el titular de la cartera para identificar a quienes participaron en la circulación de los archivos.

“Para Negro, lo que es difícil es ser Ministro. Eso quiere decir que hace mal su trabajo”, cuestionó.

LAS MEDIDAS SOLICITADAS A LA FISCALÍA

La presentación de los tres Senadores incluye diligencias destinadas a reconstruir el recorrido de la información desde su obtención durante los procedimientos hasta su posterior difusión pública.

Entre los requerimientos figuran la identificación de funcionarios participantes en los operativos, el análisis de dispositivos electrónicos, la revisión de registros de acceso y la reconstrucción de la cadena de custodia.

También solicitaron incorporar las investigaciones administrativas del Ministerio del Interior y examinar los antecedentes relacionados con las filmaciones atribuidas a Robert Correa.

El documento reclama, asimismo, información del Sistema de Control Vehicular (SISCONVE) sobre geolocalización, recorridos y auditorías de los móviles empleados durante las actuaciones.

Consultado sobre el alcance de la denuncia, Blás aclaró que los firmantes no pretenden atribuir anticipadamente responsabilidad penal a una persona determinada.

“Lo que pedimos a Fiscalía es que investigue. De ahí surgirá uno, dos o tres responsables. No estamos denunciando a nadie en particular; queremos que se descubra quién fue y qué lo motivó”, explicó.

El Senador planteó que también resulta necesario conocer si existieron intereses políticos detrás de las divulgaciones o si respondieron a decisiones individuales.

LOS RIESGOS Y LAS RESPONSABILIDADES

Los denunciantes sostienen que la circulación de información protegida pudo exponer identidades de funcionarios, revelar métodos operativos, alertar a personas investigadas y comprometer actuaciones pendientes.

Blás advirtió que la ausencia de respuestas institucionales podría debilitar las garantías necesarias para el desarrollo de futuras investigaciones.

“Si permitimos que esas filtraciones continúen sin responsables, vamos a poner en riesgo las garantías de las personas, de la Justicia y de la Policía. No podemos estar omisos”, manifestó.

La denuncia distingue expresamente las posibles conductas ilícitas de funcionarios públicos del ejercicio legítimo de la actividad periodística y la libertad de información.